Legalizando el dumping gringo y erosionando
la seguridad alimentaria colombiana
Aurelio Suárez Montoya
Presidente de Unidad Cafetera de Colombia y Director ejecutivo de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, Columnista de importantes diarios regionales. Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes, autor de numerosos libros entre ellos “Crítica al ALCA. La Recolonización”.
Uno de los sectores más lesionados por el Tratado de Libre Comercio que Colombia (TLC) negocia con Estados Unidos es el agrícola, la negociación en este terreno ha sido motivo de polémica, discordias aún en el seno del gobierno y crecientes protestas de los agricultores afectados. Deslinde
Luego de realizadas siete rondas de negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, se ha difundido la idea de que el capítulo que trata sobre el comercio agrícola y pecuario registra un retraso considerable. Los funcionarios encargados repiten que “el gobierno no hará un acuerdo que no sea favorable al campo colombiano” y se trata de crear la expectativa de una “buena negociación”, la cual –según los promotores oficiales– consiste en mantener la protección actual a la agricultura colombiana y, a la vez, obtener ventajas para el ingreso de nuevos productos nacionales al mercado estadounidense.
Sin embargo, la realidad es diferente al discurso gubernamental. Desde el inicio de las negociaciones, el gobierno del presidente Uribe conocía que Estados Unidos no iba a desistir de los distintos mecanismos de transferencia presupuestal que le permiten apoyar la sobreproducción de los principales cultivos, de cereales, oleaginosas, leche y carne, en la mayoría de los cuales la oferta crece a ritmos superiores a la demanda. También se sabía que Colombia debería renunciar a los instrumentos principales de protección del agro nacional. Estos dos asuntos están claramente definidos para todos los tratados de comercio desde 2002, cuando el Congreso norteamericano promulgó la Autoridad de Promoción Comercial (o TPA) y planteó como uno de los fines primordiales el avance de algunos de sus sectores económicos claves, entre ellos el de la agricultura.
El dumping gringo
La expansión mercantil agropecuaria estadounidense es necesaria para la colocación en los mercados externos de los excedentes de muchos de sus productos, El agro, –en contra de lo que sucede con el conjunto de dicha economía– le produce superávit. El 63% del aceite de girasol, 43% del arroz, 43% del trigo, 40% del aceite de maíz, 37% del algodón y 34% del fríjol soya deben exportarse porque no pueden colocarse en el mercado interno norteamericano; su demanda está saturada. Esa necesidad de exportar del sector agropecuario norteamericano es superior a la de toda la organización económica gringa: mientras las ventas externas totales de Estados Unidos equivalen al 11% del PIB, el comercio agrícola externo es el 26% de la producción sectorial o sea más de la cuarta parte del PIB rural.
En 2004, Estados Unidos vendió en el exterior US $ 79 mil millones y regiones como Iowa, Illinois, Kansas, Indiana, Minnesota y Nebraska viven por cuenta del progreso del sistema mercantil agrícola norteamericano.
Cuando se conoce que el precio interno ( SÍ EL INTERNO, DENTRO DE ESTADOS UNIDOS ) de las principales cosechas en Estados Unidos (arroz, maíz, trigo, soya, sorgo, algodón, avena y cebada) decayó en promedio 40% entre 1996 y 2001 ( LA FUENTE ES LA PROPIA USDA EN : RETHINKING US AGRICULTURAL POLICY- AGRICULTURAL POLICY ANALYSIS CENTER- THE UNIVERSITY OF TENNESSEE; p. 8-figure 2) , se entiende que los desembolsos estatales a los productores, que les ayudan a recuperarse de las pérdidas y obtener rentabilidad, son indispensables para el sostenimiento de la vida rural en Estados Unidos. Esas “ayudas” se orientan primordialmente como pagos directos a cada productor, acorde con lo producido por cada uno y según una cotización-objetivo previamente establecida. Quienes comercializan los excedentes hacia otros países disfrutan de la adquisición de ellos en el mercado interno estadounidense a precios inferiores a los costos de producción y los exportan con base en tales cotizaciones. Así se ha diseñado la política agrícola norteamericana desde 1996 y se ratificó en 2002 con la última versión de la Farm Bill.
Esta nueva reglamentación elevó a US$ 74.900 millones, el 35% del PIB agropecuario, los subsidios al sector, subiendo incluso los montos anuales que en 1996 se habían destinado para maíz, sorgo, avena y trigo y manteniendo iguales las sumas aplicadas en arroz, algodón y nueces. Introdujo, asimismo, nuevos programas de apoyo para leche, miel, lana y manzanas y también para combustibles de biomasa como etanol y similares. Consorcios comercializadores, también presentes en áreas productivas, han gozado de esas “ayudas”. Organizaciones como la conservadora Heritage Foundation, crítica acérrima de ese sistema, denunció que el 65% de los subsidios se destinaron al 10% de los receptores, incluyendo algunas empresas que figuran en la lista de las 500 mayores compañías del mundo de la revista Fortune.
Una sola empresa arrocera, la Riceland Foods, en Arkansas, recibió US$ 110 millones en 2003 por concepto de subsidios, más que lo recibido por once Estados y existen 78 granjeros que reciben más de un millón de dólares anuales. Entre 1991 y 2002, los subsidios se triplicaron para los grandes productores; en cambio, para los pequeños se mantienen estables. Algunos recursos recibidos por los grandes beneficiarios se usan para adquirir nuevas granjas y con ello se refuerza la tendencia a la concentración que en Estados Unidos ha caracterizado a ese sector en los últimos años. (1)
De lo dicho hasta aquí puede concluirse que Estados Unidos ha basado su política agrícola en garantizar a todo costo la supervivencia de su sector agropecuario y en eliminar los excedentes en los mercados foráneos; para ello cuenta con un sistema de transferencias estatales que faculta a sus empresas comerciales para colocarlos en el exterior a precios por debajo del costo de producción. Esta práctica se conoce como dumping y ha sido calificada como ilegal en distintas instancias de la OMC, como en el reciente panel que contra el algodón estadounidense subvencionado entablaron Brasil y algunos países africanos.
“De tigre con burro amarrado” o “De toche con guayaba madura”
En el marco descrito, Colombia enfrenta las negociaciones de la agricultura en el TLC. Estados Unidos ha advertido que no modificará su política pública agrícola, consagrada en las leyes de 1996 y 2002. El jefe negociador de Colombia de la mesa de agricultura, Felipe Jaramillo, con frecuencia ha reafirmado que “con respecto a las ayudas internas equivalentes y aranceles específicos, se puede decir que el tema de las ‘ayudas internas’ es un tabú en la negociación… Estados Unidos en su comercio agrícola utiliza profusamente los aranceles específicos”. (2) No obstante, a su vez, el Tío Sam ha exigido que los escasos instrumentos de protección con que cuenta la producción agropecuaria colombiana sean desmontados. Esta se funda en más de un 90% en aranceles establecidos por medio del Sistema Andino de Franjas de Precios y está aforada en cerca de US$ 1.400 millones, 60 veces menos que en el caso norteamericano, y constituye apenas 15% del PIB sectorial.
Desde la sexta ronda, efectuada en Tucson, y habiendo aceptado desde la sesión de Atlanta que todos los bienes agropecuarios se desgravarían hasta aranceles a nivel cero en distintos plazos, Colombia decidió orientar las negociaciones dentro de la lógica imperial descrita. En una ‘lluvia de ideas’ que algunos calificaron como una ‘genialidad’ del actual ministro Andrés Arias, se desecharon las franjas de precios y se comenzó a hablar de asuntos como las Salvaguardias Especiales Agropecuarias (SEAS), las matrices 0 x 0, la negociación producto por producto y otras por el estilo. De ese modo, Colombia determinó aceptar las imposiciones del big stick al reemplazar sus mecanismos antidumping por otros que sí conviven con la práctica mercantil ilegal de la superpotencia.
Las SEAS no aplican para todos los productos, sino sólo para aquellos que se tengan como ‘sensibles’ y su uso es recíproco, permitiéndole a Estados Unidos invocarlas también. Felipe Jaramillo, evidenciando que ya se cedió en lo de las Franjas, ha expresado que es necesario “encontrar mecanismos que puedan sustituir o complementar las franjas de precios que aseguren la protección”. (3) No sobra añadir que aquí la “complementación” debe entenderse como el relajamiento que las tornara digeribles para Estados Unidos.
Las SEAS, a diferencia del Sistema Andino de Franjas de Precios, toleran las distorsiones hacia el dumping que sirve de soporte a las exportaciones gringas. En tanto, las franjas de precios operan automáticamente, impidiendo que un producto con precio por debajo del costo de producción pueda ingresar al mercado sin ser corregido en alguna proporción. Por el contrario, en las salvaguardias se admiten –desde el inicio de la desgravación– cantidades importadas sin aranceles (lo que en la jerga se conoce como contingentes). En la medida en que la desgravación se va dando, se van incrementando las cantidades correspondientes y, simultáneamente, van bajando los aranceles hasta llegar a cero. La salvaguardia consiste en un arancel adicional que se aplica por tiempo limitado cuando las cantidades ingresadas de cualquier producto superan el contingente permitido y en otros casos también se ‘dispara’ cuando el precio baja de un mínimo establecido. Cualquiera puede notar que este instrumento, en la parte que crece anualmente, convive con el sistema de exportación estadounidense al permitir volúmenes sin arancel que, como ya se advirtió, vienen transados al amparo del dumping. Es evidente que tales salvaguardias no equivalen al mecanismo de protección desechado.
Los efectos en cada renglón se verán en las listas anexas donde se fijan las condiciones correspondientes, los porcentajes, los contingentes, los aranceles adicionales y el ritmo y plazo de la respectiva desgravación. Este método ocasiona una vulnerabilidad extrema a todo el sector, ya que por la alta elasticidad de sustitución entre los bienes agrícolas –en particular entre los propios cereales y entre las mismas oleaginosas– si se aplica una salvaguardia a un determinado artículo, los importadores podrán reemplazarlo por uno de sus sustitutos; un ejemplo notorio es el del maíz blanco y el amarillo. Y puede ocurrir una situación peor: si el producto terminado o procesado se está desgravando con impuestos aduaneros menores que los de la materia prima, se impondría el ingreso del artículo para consumo final. Esto podría suceder, verbigracia, entre la papa precocida o industrial, papa doméstica, arroz blanco y arroz con cáscara, entre el trigo y las pastas alimenticias o el pan, y entre la soya o el sorgo y el alimento balanceado.
En síntesis, la protección al conjunto de la cadena se torna casi imposible y, al final, dicho procedimiento termina enfrentando a los distintos sectores nacionales por su supervivencia en el marco de una nueva ‘ley de la selva’: los industriales del arroz, con los comerciantes y, estos dos, con los productores; las industrias textiles y de confección con los algodoneros y los empacadores de granos con los procesadores, y así en un círculo vicioso que depredará la poca fortaleza que le resta a la agricultura colombiana.
Las actuales discusiones de la mesa de agricultura en el TLC, tanto las que se llevaron a cabo en Cartagena como las de Washington en marzo y las proyectadas para Lima a mediados de abril, versan sobre el refinamiento de las salvaguardias para cada renglón que sea aceptado como ‘sensible’ por Estados Unidos. Por ahora dentro de los elegibles para esa clasificación no se menciona ni al algodón, ni al maíz blanco, ni al sorgo, ni a la papa, ni la panela, entre los más relevantes. Hasta el momento, las negociaciones se dedicarán a diseñar el ‘harakiri’. Y aún así, en dicho contexto y en despliegue de insólita matonería, Estados Unidos exige que la aplicación del tramposo mecanismo de salvaguardias sólo sea posible durante el periodo de desgravación para cada mercancía y de allí en adelante sería ‘libre comercio’ a plenitud.
La posición de los países andinos, buscando del ‘ahogado el sombrero’, es que sean aplicables durante toda la existencia del TLC. Aunque en últimas se trata de un tema adjetivo, el escenario más probable será el desamparo total de los productores agropecuarios nacionales –o de los pocos que hayan subsistido–, quienes carecerán de protección alguna, mientras los norteamericanos mantendrán todas las prerrogativas mencionadas o, por lo menos, una muy buena parte de ellas.
Otros asuntos que están al orden del día son los relativos al añorado acceso de productos autóctonos de Colombia al mercado norteamericano. El negociador Jaramillo sentenció: “En el caso de carnes y lácteos, mientras existan los problemas de fiebre aftosa, no será posible exportar a Estados Unidos”. (4) Y agregó: “El proteccionismo de Estados Unidos en el sector agrícola se explica a través de las barreras no arancelarias, como los requisitos sanitarios, normas técnicas, procedimientos aduaneros, entre otros”. (5) Por lo anterior, si se quiere lograr el ‘acceso real’, la titánica labor es desmontar para Colombia, como excepción, el intrincado régimen de obstáculos al comercio implantado en Norteamérica. La ilusión de que eso pueda lograrse es una verdadera utopía, y esa es la clave del llamado ‘acceso real’ que se muestra como la compensación por haber cedido el mercado interno y, por tanto, los productos exitosos que se producirán, sustituyendo los derrotados en el tratado. Lo máximo que podría alcanzarse es que en el tema sanitario se crearía un comité de carácter deliberatorio que analizara casos concretos. (Falta recuadro)
Partiendo de una equívoca concepción de igualdad o ‘doble vía’ y alentada por el espejismo del ‘acceso’, Colombia ha discutido un acuerdo preliminar, que denomina 0 x 0, en el cual los productos agropecuarios que allí queden incluidos entrarán a ambos países sin tener ningún impuesto de aduana tan pronto entre en vigencia el acuerdo. Una lista de las principales cadenas comprendidas allí son: animales vivos, hortalizas, frutas, jugos, café, té, gomas y resinas, cigarros y cigarrillos, bebidas (excepto vinos), aceites de esencias, pieles y cuero en bruto, peletería, lana y alimentos balanceados para animales. Eso significa que los caballistas podrán vender los ejemplares de paso fino en Estados Unidos y este país podrá enviar los especimenes que quiera y que posee en abundancia, y, si la pitahaya, mango y similares quedan cobijadas para su exportación bajo este mecanismo, también las manzanas, peras, duraznos y uvas estadounidenses arribarán acá gozando de un completo e inmediato trato nacional y lo mismo toda la gama de hortalizas. Podría aseverarse que cada venta externa que Colombia logre consolidar se compensará a ‘nuestro socio’ con un diluvio de sus productos. No debe olvidarse que en varios de estos artículos de la matriz 0 x 0, como lana, manzanas, miel y nueces, la Ley Agrícola introdujo apoyos internos o los elevó.
En este desigual intercambio se consolidará nuestra especialización en géneros tropicales, mientras los estadounidenses de zona templada arrasarán con sus análogos que todavía estén supérstite en la superficie cultivada nacional. El país, entonces, se especializará en ciertos bienes que Estados Unidos no puede sembrar por razones ecológicas y les cederá a los norteamericanos el mercado interno de aquellos cultivos que en ambos pueden elaborarse.
Un razonamiento igualmente desatinado se ha empleado para la cadena láctea. Se trata de un intercambio de derivados de leche o de mercancías con alto componente de este líquido, en las cuales al decir de los oficiales colombianos los dos países “tienen intereses ofensivos”. Así se ha propuesto permitir las importaciones de leche en polvo con un contingente y salvaguardia, de leche fresca con 78% de arancel y de yogur, y –a cambio– se ha solicitado ingreso de ciertas bebidas y algunas clases de queso.
Para los demás frutos que no queden con el sistema de salvaguardias, que no estén dentro del bloque 0 x 0, o que no están comprendidos en la negociación de lácteos, como sucede con el algodón y la papa, su destino será la desgravación paulatina desde un arancel base hasta llegar a cero, acorde con la ‘canasta’ en la cual hayan quedado. Esto se refiere a que pueden estar ubicados en el rango B, en el cual el proceso dura 5 años, en el C, donde dura 10 años, o en el D, a más de 10 años y cuyo máximo está por definirse. Antes de Tucson la oferta agrícola de Colombia a Estados Unidos “de 907 posiciones en el ámbito agropecuario presentó para 373 subpartidas arancelarias en canasta A, lo que equivale al 41% del arancel de aduanas y al 6% de las importaciones provenientes de Estados Unidos… entre las C y D se tiene un poco más del 90% del comercio”. (6) Por su parte “la oferta de Estados Unidos aparte de las canastas A, B, C que habían sido acordadas, incluía dos canastas adicionales denominadas D y TRQ”, (7) “incluyó en la canasta A, 678 subpartidas de las 1.800 que equivalen al 37% del arancel y al 54% del comercio de importación de Colombia. De esas 678 subpartidas, 366 hoy en día ya están de cero arancel, como el café, el banano, el cacao, etc.”. (8)
Visto que no solamente las barreras no arancelarias impiden por ahora el ansiado ‘acceso’ sino que la oferta de Estados Unidos no se destaca por su generosidad, debe notarse que introdujo dos tipo de canastas que no habían sido acordadas y, así mismo, vale recordar que jamás ha cumplido en las fechas en las cuales deben entregarse las ofertas, sus mejoras y hasta sus solicitudes. Se ha vuelto costumbre el incumplimiento de los norteamericanos con los cronogramas y acuerdos.
Las pretensiones estadounidenses van más allá: han presentado un texto sobre los agentes autorizados para realizar exportaciones agropecuarias y en él excluyen a los productores y a las industrias procesadoras. Con ello reducen el ejercicio comercial exclusivamente a las empresas intermediarias, las cuales podrían estar en capacidad de imponer una alta concentración en la articulación de las cadenas. Así se ratifica que, cuando se habla de este tipo de tratados, el protagonista no es la producción sino la comercialización.
Finalmente, aunque el primero de agosto de 2004 Estados Unidos suscribió un acuerdo inicial para la supresión de los subsidios a las exportaciones, que son subvenciones adicionales a las ‘ayudas internas’ dirigidas específicamente al comercio exterior, ha insistido en que se puedan reingresar dentro del TLC bajo ciertas circunstancias. Pese a que Colombia por ahora ha rechazado estas desmedidas petitorias estadounidenses, el desenlace en torno a ellas es todavía incierto y tanto las ofertas y concesiones comerciales finales como las normas que las van a regir se definirán en los próximos meses. No obstante, el relato que hemos hecho muestra la debilidad de la posición colombiana y augura que en el marco del TLC la agricultura colombiana saldrá del estado de crisis que atraviesa a una fase terminal de caos y ruina casi completa.
Conclusiones
La anterior secretaria de agricultura de Estados Unidos, Ann Veneman, expresó el 23 de mayo de 2001 ante la Comisión de Agricultura de EEUU con relación al ALCA y demás acuerdos comerciales en el continente, que “facilitará el crecimiento agrícola y de la economía estadounidenses. Actualmente, la agricultura, desde la producción hasta el procesamiento, el transporte y el mercadeo, genera alrededor del 16% de la actividad económica norteamericana y emplea alrededor de 23 millones de trabajadores en los 50 Estados”. (9)
Al contrario, todos los estudios del gobierno colombiano, incluido el más reciente del DNP/BR de Claudia Patricia Marín y Juan Mauricio Ramírez, que hace una evaluación cuantitativa de los posibles efectos de un acuerdo de libre comercio (TLC) con Estados Unidos sobre la economía colombiana, entregado hace tres meses cuando ya iban 5 rondas de negociación, muestra que –en el mejor de los escenarios– eliminando todas las barreras arancelarias y no arancelarias entre los dos ‘socios’, las exportaciones de la agricultura colombiana crecerán un 36,4% pero, a su vez, las importaciones agrícolas desde Estados Unidos se incrementarán en un escandaloso 308,4%. En los productos alimenticios las ventas externas subirán 36,6% y las compras 137,5%. El PIB agrícola apenas subirá el 0,6%, la balanza comercial con Estados Unidos será más negativa –casi llegará a un 3% del PIB– y la pérdida fiscal será de US$ 947 millones.
El resultado previsto es, en primer lugar, la consecuencia de un trato en el cual Estados Unidos, valido de su supremacía y de presiones, impone de entrada un sistema comercial inicuo e ilegal: el dumping. Algunos de los productores que por esa razón caigan en bancarrota se desplazarán a los renglones que este sistema incentivará, como los productos tropicales, con lo cual estos estarán ofrecidos por encima de las demandas y así los ingresos de los agricultores declinarán.
Colombia admite este tipo de comercio agrícola cuando la OMC ya se ha pronunciado contra el dumping, como en el sonado caso del panel del algodón contra Estados Unidos entablado por Brasil, Malí y otros países del África occidental a mediados de 2004. De US$ 4.800 millones que contemplaban los programas de subsidios al algodón y de créditos a su exportación por parte de la superpotencia, el tribunal falló que US$ 4.200 millones deberían eliminarse y 600 reclasificarse para ser reducidos. “La solicitud de los demandantes quedó totalmente justificada”. (10)
Así Estados Unidos, conciente de estas recomendaciones, que también se dieron de forma análoga en el caso de los lácteos canadienses, avanza en los Tratados de Libre Comercio bilaterales para legalizar lo que hasta la propia OMC está condenando. Colombia se presta para esta satrapía.
La más funesta consecuencia colectiva de estas negociaciones dirigidas por tan fatídica agenda es la erosión casi total de la seguridad y la soberanía alimentaria de Colombia. El resultado en los últimos quince años de apertura ya denota una lesión enorme a la nación en este ámbito. Por ejemplo, en 1990 la agricultura colombiana producía por cada habitante 2,9 kilos de trigo, 33,7 kilos de maíz, 21,6 kilos de sorgo, 58,8 de arroz, 6,45 de soya, 2,8 de cebada, 3,67 de fríjol y 9,34 kilos de algodón. En 2002 esa dotación había bajado de modo impresionante a 0,87 de trigo, 27,4 de maíz, 5,08 de sorgo, 53 de arroz, 0,89 de soya, 0,25 de cebada, 2,94 de fríjol y 2,1 de algodón. Los consumos no producidos son suplidos con importaciones de estos bienes básicos; estos, más los alimentos procesados, suman compras externas de más de 6 millones de toneladas anuales.
El balance alimenticio del país arroja que dentro del promedio de proteínas y calorías de origen vegetal que en promedio ingieren diariamente los colombianos, más del 50% son importadas y en el caso de las grasas alcanza al 30%. En el TLC, Colombia podrá tener la ‘distinción’ de ingresar como miembro al club mundial de los países en desarrollo importadores netos de comida.
Esa desdicha hará al país más vulnerable a todas las presiones foráneas, sobre todo de aquellos que lo proveen cada vez más de los alimentos para la población. Con razón Robert Zoellick dice a los cuatro vientos que “Colombia es el primer comprador de alimentos de Estados Unidos en el hemisferio occidental después de México y Canadá”. Esa condición de dependencia crecerá en el marco del TLC.
El decurso futuro de las negociaciones de la mesa de agricultura será en el sentido ya expuesto: para legalizar el dumping gringo y ceder más espacio a los productos estratégicos que mediante esa trampa se expanden; entre tanto, la pobreza y el desempleo rurales crecerán y la ruina del agro se profundizará. La unión mancomunada de toda la sociedad para resistir el tétrico proyecto, no sólo los agricultores sino también los consumidores y los patriotas auténticos, debe dar al traste con él.
(1) Puede verse para tal efecto www.heritage.org/research.
(2) Revista INDUARROZ, noviembre 1 de 2004, “Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos”, por Felipe Jaramillo, pág. 12.
(3) Ibíd., pág. 12.
(4) Ibíd., pág. 10.
(5) Ibíd., pág. 7.
(6) Ibíd., pág. 10.
(7) Ibíd.
(8) Ibíd.
(9) www.usembassy.state.gov/colombia, nuevos artículos sobre asuntos económicos, “Beneficios del ALCA”, Ann Veneman, ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, Washington, 23 de mayo de 2001.
(10) OXFAM, Dumping: ¿el principio del fin?, junio 2004.