COLOMBIA ENFERMA
Cientos y quizás miles de colombianos desempleados, campesinos pobres o indigentes han sido asesinados por miembros de las fuerzas militares para reclamar éxito en sus acciones en un conflicto interno que, según el gobierno, no existía. No hay palabras para calificar estos hechos macabros, como tantos otros en los que miembros del ejército colaboraron con el paramilitarismo y sus crímenes de lesa humanidad. Pero a pesar de su aterradora dimensión esta realidad era ignorada o bien convenientemente ocultada, puesto que como lo han informado los medios, desde hace mucho existían miles de denuncias. Nada justifica por lo tanto no haber actuado. La inacción frente a las denuncias reclama la responsabilidad política del presidente y del ministro de Defensa; ella no puede limitarse a simples destituciones de militares por alto rango que ellos ostentaran. Pues ante estos infames y repetidos hechos, el gobierno "o bien lo supo y lo consintió, o lo ignoraba debiéndolo saber", como alguna vez dijo Laureano Gómez. Y más delicado aún, ante las denuncias "El gobierno convirtió en práctica desmentir primero, averiguar después y, finalmente, aceptar ante la evidencia", como afirmó Oscar Collazos. Basta recordar cómo frente a las "investigaciones" por los desaparecidos en Soacha, el presidente declaró ante los medios que dichos jóvenes no habían ido a sembrar café; tachando así de delincuentes a personas cuyo delito era carecer de recursos para vivir una vida digna en el territorio que los vio nacer. Con la misma facilidad se estigmatiza las luchas de los corteros de caña y las de los indígenas. Jorge Orlando Melo en "El Retorno de lo reprimido" recordó cómo hace ¡ochenta años! tampoco los recolectores de banano tenían un salario justo y tampoco eran "asalariados" de la United Fruit, sino de intermediarios, y cómo el gobierno de esa época también respaldó a los poderosos; igualmente señaló el reiterado incumplimiento a los indígenas. "Ojalá el gobierno que los acusó de subversivos, busque la solución social", dice Melo.
Los "falsos positivos" no fueron únicamente los sucesos de Soacha. Ocurrieron a lo largo de la geografía nacional. Tan sólo cuando la comunicad internacional lanza numerosas alertas y cuando Clara López, una vez más, como en el caso de la parapolítica, denunció con valentía que podría tratarse de macabras desapariciones, salieron a la luz estos atroces crímenes. Recordemos que las ONG que denunciaban eran calificadas de aliadas con los terroristas, y que la marcha contra el paramilitarismo, en la que fotos de miles de desaparecidos la acompañaron, el inefable asesor presidencial José Obdulio Gaviria también la estigmatizó como si fuera de origen terrorista.
Infortunadamente ésta no ha sido la única inacción frente a delitos de lesa humanidad; millones de desplazados, despojados de absolutamente todo, rebajados en su dignidad, también han sido invisibles para la administración Uribe a pesar de que el desplazamiento aumentó en estos años, según Codhes.
El gobierno no podía verlos pues estaba demasiado ocupado en diseñar incentivos para los grandes inversionistas y en particular para el capital extranjero; estímulos que resultarán a la economía tan nocivos como los diseñados por las fuerzas armadas que han resultado en tantos y tan perversos "falsos positivos". Y en medio de la lluvia de beneficios al gran capital, el censo de 2005, según Consuelo Corredor, reveló que 93% de los desplazados se encontraban por debajo de la línea de pobreza, es decir ¡casi el 100% eran indigentes; tres millones o más de colombianos, los más desvalidos entre los vulnerables y además víctimas de la guerra a las que las políticas han debido brindar espacialísima atención! Pero la administración Uribe les dio la espalda, a tal punto que la Corte Constitucional en dos sentencias tuvo que exigirles atención a estos colombianos que estaban viviendo "un desconocimiento masivo, generalizado y sistemático de los derechos constitucionales".
Colombia está gravemente enferma como lo revelan los gravísimos delitos de lesa humanidad y la crisis humanitaria que viven millones de ciudadanos. Su enfermedad no es ajena al modelo de desarrollo seguido, como lo revela su elevada tasa de desempleo, y la precariedad del empleo, sin duda caldo de cultivo de estas situaciones escalofriantes, y ante lo cual la administración Uribe nada ha hecho. La mayor tasa de desempleo en América Latina, con excepción de República Dominicana, no es un problema técnico, inmanente al progreso del mundo y sus descubrimientos. Por el contrario, es el resultado de definiciones políticas, de prioridades que emanan de una visión ética y moral sobre quienes merecen atención e incentivos. El abandono de la tasa de cambio al mercado, la política fiscal, la asignación del gasto público y la tributación son campos donde se expresa con toda claridad la inclinación de quienes diseñan las políticas a favor de determinados grupos. Los resultados son elocuentes. Colombia experimentó un profundo deterioro distributivo pasando a ocupar el octavo lugar entre los que tienen la peor distribución de ingreso del planeta, frente al décimo primer lugar anteriormente a la administración Uribe, y más grave aún bajo el marco de bonanza económica. Con cuanta razón dice Stiglitz, "la política fiscal puede considerarse como una declaración concreta de nuestros valores".
La grave realidad colombiana no es ajena a la situación social de hambre y miseria que alimenta la violencia. Las políticas económicas seguidas sin duda han exacerbado las raíces de estos males, como lo revelan los hechos contrarios a la supuesta "seguridad democrática", la cual con certeza no cobija a los más desfavorecidos y se ha ensañado en ellos. El modelo seguido debe modificarse radicalmente y en particular el gasto en defensa, cuya ineficiencia y aberrantes prioridades e incentivos se han evidenciado. En lugar de prevenir la inserción a grupos armados mediante inversión social y creación de oportunidades, se asesinaron ciudadanos a quienes la sociedad no les garantizaba un empleo. Por supuesto muchísimos militares son valiosísimos, como la mayoría de colombianos son gente de bien, pero ciertos intereses mezquinos han hundido a Colombia en un abismo del que hay que salir cambiando el rumbo en los valores expresados en las políticas económicas.