EL FRACASO EN LA SUPRESIÓN DEL “DESEMPLEO INVOLUNTARIO”

En Colombia hay dos millones quinientos mil desempleados. Es gente que busca empleo y no lo encuentra. A eso lo llamó Keynes el “desempleo involuntario”. Es distinto al de aquellos que no quieren trabajar o que en procesos de cambio técnico pierden su ocupación en forma transitoria. Desde 1990 ese “desempleo involuntario” se ha vuelto estructural y de dos dígitos, en ciudades como Ibagué, Pereira y Medellín ha rondado el 15% y subido cerca del 20%. Hay una tasa de subempleo constante, entre el 30% y el 40%, de personas ocupadas menos tiempo del que pudieran dedicar, o en oficios inferiores a su formación laboral. El ejemplo es el de la gran industria en 2006 donde, de 601. 843 trabajadores, 280.000 eran temporales. El cuadro se completa con una tasa de informalidad del 60%, que se da cuando se trabaja con estándares por debajo de las normas legales para salarios o para condiciones laborales. Solamente en el agro, algo más del 70% de los trabajadores ganan menos del salario mínimo mensual vigente.

Este desastre no es fortuito. Es el resultado de las concepciones neoliberales dominantes en dos décadas que creen que el pleno empleo se resuelve por la vía de la reducción del precio de la mano de obra hasta un punto de equilibrio entre empleadores y empleados. Con la cantinela de la “flexibilización laboral”, decidieron que en Colombia la nómina era onerosa y emprendieron el reaccionario camino de rebajar salarios y prestaciones a toda costa. La Ley 50, la Ley 100 y la ley 789 de 2002, ésta última que eliminó los pagos extras triples dominicales y festivos y corrió el horario nocturno de las seis de la tarde a las diez de la noche, fracasaron rotundamente en la eliminación del desempleo (en 1999 se elevó al 20%) y en la crisis actual no servirán más que para envilecerlo en mayor grado. Adicionalmente, se ha menguado el ingreso nacional debilitando con ello el poder del mercado interno.

La última criatura es la propuesta de la tecnocracia de Fedesarrollo de eliminar el salario mínimo y los aportes al ICBF, al SENA y a las cajas de compensación, recursos que se sustituirían por un aumento del IVA. El gobierno de Uribe no se ha pronunciado en su contra, lo que no es de extrañar, en tanto que a finales de 2005, en los tiempos de Carrasquilla, un estudio oficial en asocio con el Banco Mundial tenía el mismo norte. En las actuales circunstancias de crisis, ésta es una forma ingeniosa, y por ello no menos ruin, de hacer que los pobres paguen los quebrantos emanados de Wall Street y surtan al capital de plusvalía nueva.

Si se persiste en la idea de que los “empresarios” por sí solos pueden resolver el problema, cada vez se estará más lejos del pleno empleo. No bastaría ni siquiera con dejar de rebajar los salarios. Es menester recordar la sentencia de Keynes, quien desde 1934 aclaró: “las firmas crean empleo al nivel de máxima ganancia”, ni uno más ni uno menos. En ese sentido, en el Estado recae el deber de suprimir el “desempleo involuntario”. Para cumplir a cabalidad con esta tarea hay que cambiar de política económica, desechar el neoliberalismo, desobedecer al FMI, y ahí es cuando se les acaban los bríos a los genios criollos.

¿Es posible el círculo económico virtuoso de ingreso-demanda-oferta creciente-ahorro-inversión con un política monetaria cuyo objetivo único es controlar la inflación? ¿Con una política cambiaria sometida al libre albedrío de los especuladores del “mercado de divisas”? ¿Con una política fiscal donde los pobres pagan más que los ricos, al subírsele a los primeros el IVA y al llenar a los otros de exenciones, empezando por las de las zonas francas, que además ayudan a acicalar los negocios inmobiliarios de la familia presidencial? ¿ Con una política comercial de TLC’s? Absolutamente no, lo grave es que insistir en la senda fallida será pisar el acelerador rumbo al precipicio.