LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

Hace un par de semanas se ha puesto en discusión la problemática presupuestal/financiera de las universidades públicas a partir de un comunicado de sus rectores. El texto dirigido al Congreso señala que los recursos asignados a estas instituciones en el proyecto del Presupuesto General para el 2010, son insuficientes para garantizar la viabilidad financiera de las Universidades y el cumplimiento de sus fines misionales.

Cabe destacar que el problema financiero mencionado, es de vieja data y ha propiciado el incremento de la autofinanciación (en la UN es de aproximadamente el 50%), es decir, la generación de recursos propios a través de la venta de servicios (consultorías, cursos de extensión, arrendamientos, concesiones, entre otros) para subsanar el detrimento real del presupuesto.

La autofinanciación es justificada por los tomadores de decisiones como la única salida para mantener la Universidad ante la falta de recursos destinados por la Nación a su sostenimiento. No obstante, refleja el desentendimiento del Estado ante sus obligaciones con la educación superior y la hace inviable[1].

Retomando el tema de la asignación presupuestal para el próximo año, es importante mencionar que el incremento del presupuesto anual para las universidades está sujeto al Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, que la asignación se mantiene en precios constantes (Ley 30 de 1992, art. 86). Así mismo, desde 1999 se planteó que el presupuesto debe aumentar en un porcentaje no mayor al 30% del incremento real del PIB (Ley 30 de 1992, art. 87), aunque dicho valor ha sido insuficiente y su cumplimiento, dudoso.

De acuerdo a lo anterior, se puede evidenciar que el presupuesto asociado a la Universidad Estatal es mínimo cuando se evalúa su contribución a la   sociedad y los grandes esfuerzos realizados para su mantenimiento. Es por ello que se requiere el incremento de la base presupuestal en un monto que considere las necesidades de las instituciones educativas y garantice su existencia.

Por otro lado, se evidencia que el tema del pasivo pensional, según el acuerdo final de concurrencia UN-Nación (Proyecto de ley en trámite en el Congreso), puede afectar negativamente el presupuesto de la institución porque la obliga a destinar recursos para concurrir. En tal sentido es importante aclarar en la norma que: “la Nación asumirá la totalidad del pasivo pensional” y evitar ambigüedades o cargas adicionales para la Universidad, como el pago del pasivo denominado “extralegal”.

Por último, quisiéramos destacar que el detrimento presupuestal de la UN es un problema estructural y por tanto, debe llamar la atención sobre el modelo educativo actual y la política del gobierno frente a la financiación de la educación pública. De lo contrario la reflexión seria cortoplacista e inocua.

Considerando solamente estos dos aspectos (presupuesto y pasivo pensional), hay gran incertidumbre frente a la viabilidad financiera de la UN y en general de las Universidades Públicas; esperamos entonces, que todos y todas nos apropiemos de esta discusión y continuemos trabajando por la defensa de la Universidad, a través del debate argumentado, crítico y propositivo.

Coordinadora Estudiantil FCE