Políticas ambientales: de tal Bush... tal Uribe
Aurelio Suárez Montoya, Director ejecutivo de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria
Ponencia presentada al Congreso Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, Comisión de Política Ambiental. Bogotá, julio 21-22 de 2005.
Durante la pasada legislatura el gobierno de Uribe dio especial énfasis a proyectos sobre páramos, agua y bosques. Dado el evidente desinterés gubernamental en la protección del medio ambiente, estos proyectos aparecen como otras de las concesiones hechas por Colombia en las negociaciones del TLC. Así resultamos comercializando el ambiente antes de que nos impongan esta política. Los enfoques y prácticas en este campo son rastreados por el autor y relacionados con la agresiva política del gobierno de Bush.
DeslindeLa cumbre de la Tierra y el desarrollo sustentable
En 1987 se reunió en Estocolmo la Comisión Brundtland, convocada por la Asamblea de las Naciones Unidas argumentando "el acelerado deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente". La Cumbre de la Tierra, reunida en Río de Janeiro en 1992, adoptó el concepto de Desarrollo Sostenible (Sustentable para algunos), enunciado por Brundtland, bajo el cual debería orientarse el rumbo de las naciones.
Esa formulación considera al ser humano como el centro del modelo, intenta hacer balances entre las generaciones presentes y futuras, entre el crecimiento económico y la conservación, exige pertinencia técnica, equidad social y –en el caso latinoamericano– añade particularidades tales como las variables culturales, las restricciones originadas en el endeudamiento público, la riqueza en biodiversidad y hasta la denominada por algunos "deuda ecológica". Sin embargo, nunca se separó de dos elementos centrales: el primero, que en el caso de los países de ingreso medio y bajo el libre comercio era indispensable para alcanzar la meta del desarrollo sostenible y, segundo, que tal como lo proclamó Al Gore, vicepresidente de Estados Unidos por ese entonces, "es un problema global que requiere solución global". Se impuso el célebre "pensar globalmente y actuar localmente".
Allí, en Río, se globalizó el tema ambiental de acuerdo con los intereses y postulados de la superpotencia, tanto que un ex ministro colombiano –asistente a la Cumbre– advirtió que "ella se movió a sus anchas". No solamente en la difusión del catecismo neoliberal como base de la solución, ni de la corresponsabilidad, inicuamente repartida por igual entre todos sin consultar las presuntas responsabilidades de cada uno en el quebranto, sino además en que logró imponer políticas universales, a través de los respectivos protocolos, en asuntos claves como el acceso a la diversidad biológica de "interés mundial" o el acuerdo universal sobre la administración de los recursos forestales y los bosques.
Desde Río existe la mala noticia de que, en cuanto a la agenda ambiental, Estados Unidos llevaría la voz cantante y los países como Colombia cargarían con 'la parte del ratón', aunque algunos potenciaban esta última tras las hipotéticas utilidades que provendrían si se adelantaba una política de conservación, protección, tecnologías y productos limpios, que incluía hasta la "fabricación" de oxígeno y agua; y que, si se adoptaban dichos paradigmas, los beneficios superarían a los costos. Una parte sustancial de la política ambiental de la década 1990-2000 se inspiró en esos fundamentos.
Aunque pueden registrarse cerca de cuatro decenas de tratados internacionales sobre el medio ambiente desde 1933 hasta 1994, todos relacionados con protección y conservación o regulaciones, prohibiciones, control o limitaciones, o relativos a temas específicos como humedales, maderas tropicales, desertificación, energía nuclear o el mar; el fenómeno de cambio climático, aparentemente agravado en cierto grado por las actividades humanas, junto con el deterioro de la capa de ozono, se colocó como prioridad en la senda trazada para la recuperación ambiental global. Con el propósito de realizar estas metas, mediante el uso de los instrumentos que se creían adecuados y la suscripción de compromisos considerados necesarios, se instituyó el Protocolo de Kyoto, cuyo enfoque se centra en constituir una Bolsa Mundial de Negociación de Derechos de Contaminación como mecanismo para detener el calentamiento global. Así mismo, en cuanto a la restauración de la capa de ozono, se puso en marcha y posteriormente se ratificó el Protocolo de Montreal, concerniente a las sustancias que agotan este escudo protector del planeta contra las radiaciones solares ultravioleta.
Trece años después de la Cumbre de la Tierra…
Apenas dos años largos después de la cita de Río, explotó la economía mexicana. A los cinco años estallaron las de Asia, entre ellas algunas de los protagonistas del "milagro asiático": Corea del Sur, Tailandia, Malasia e Indonesia. A los siete años fueron Brasil y Rusia. En tan corto periodo habían colapsado las principales naciones 'emergentes', donde la expansión económica imperial había sentado sus reales gracias a la prédica neoliberal y a recetas como las del Consenso de Washington.
El asunto no paró ahí. En el primer trimestre de 2001 se declaró la recesión en Estados Unidos. Recordemos que recesión en este periodo del capitalismo es, ante todo, una caída de la tasa de ganancia del capital. Desde los últimos meses de 2000 la economía estadounidense empezó a dar señales de debilitamiento. A pesar de que presentó un breve repunte a finales de 2001, recayó en un fenómeno que los economistas llamaron "recesión de doble bajón". Casi de manera simultánea, el país 'modelo del modelo', Argentina, se derrumbó; la mitad de su población está en la pobreza y después de tres años largos continúa incumpliendo el pago de su deuda externa, tanto que algunos prestamistas parecen haberse echado al dolor.
Solamente hasta hace tres meses, la Reserva Federal estadounidense empezó a subir las tasas de interés de sus bonos y, no obstante, su director, Alan Greenspan, ha afirmado que la salvación no está en ninguno de los procedimientos clásicos de salvamento, como la política monetaria o los ajustes fiscales. Según Greenspan, el mantenimiento a flote se debe a dos factores: la globalización y la innovación; el primero, fuera de permitir la importación de mercancías baratas de China, India y otras naciones de bajo costo, con lo cual modera la presión de los precios domésticos sosteniendo una baja inflación, facilita además el ingreso masivo de capitales, lo que financia los déficit inmensos a costo cero; y, el segundo, debido a las invenciones tecnológicas, permite que dichos capitales lleguen en tiempo real y permanentemente.
La crisis norteamericana está latente, el bombazo de la burbuja especulativa que arrastró pérdidas por varios centenares de miles de millones de dólares. El aumento del desempleo, los índices de las acciones en las bolsas que tan sólo se mantienen y el desvanecimiento de la maravilla financiera de la 'alta tecnología' de la década pasada –que se esfumó sin que aparezca un nuevo y sólido nicho de especulación– han incrementado los temores de la gran cúpula financiera gringa, llevándola a correctivos desesperados, donde –como dice un texto de Myrna Donahoe, Raúl Fernández y Gilbert González– "vale todo". En últimas, recurrir a cuanto sea preciso para salvaguardar la globalización. El mismo Greenspan observó con cautela: "plena globalización no parece del todo posible".
En esa dirección debe entenderse el desenfado proteccionista contrario a sus prescripciones para los demás, subsidios inmensos a la producción agropecuaria, dumping descarado en el comercio exterior, aumento de aranceles a distintos bienes o géneros que le compitan a su aparato industrial en áreas que sean de su interés o de importancia estratégica.
Solamente en 2001 Estados Unidos aprobó 79 leyes anti-dumping, exenciones y devoluciones de impuestos favorables a sus grandes corporaciones y conglomerados financieros, y –contrario a su prédica– aplica el garrote para imponer a los países que giran en su órbita 'tratados de libre comercio' desarrollando la estrategia global que su antiguo representante comercial, Robert Zoellick, describió como "un abrazo palmo a palmo al globo con los TLC". Con ellos el Imperio consigue ir gestando un nuevo ordenamiento mundial en torno a muchas materias; no sólo el comercio –en lo que supera estándares de la OMC–, el tema laboral, el ambiental, los derechos humanos y demás fundamentales, económicos, sociales y culturales, sino también sobre la soberanía de las naciones. Igualmente, es marcado su desinterés por colaborar con el cumplimiento de los objetivos sociales fijados en la Cumbre del Milenio de Doha.
En una cruzada universal Washington se ha arrojado al control físico de las fuentes de energía y de materias primas, las cuales incluyen el agua y, desde luego, el petróleo, gas y carbón, entre las más preciadas. No solamente arremete a Irak y Afganistán: Chalmers Johnson en su artículo El Imperio Estadounidense de las Bases cuantifica en 702 las bases militares reconocidas por los informes oficiales y que podrían subir a mil, ubicadas en 130 países, con medio millón de soldados y trece destacamentos de fuerzas navales, todos surtidos y aprovisionados por las corporaciones privadas contratadas para el efecto.
La última estrategia global militar, acorde con Johnson, es imprimir "la huella" sobre lo que los estrategas imperiales han demarcado como "el arco de la inestabilidad... que va desde la región andina (léase Colombia), atraviesa el Norte de África y desde allí recorre el Oriente Próximo hasta llegar a Filipinas e Indonesia. Por supuesto, coincide más o menos con lo que se acostumbra a denominar el Tercer Mundo, y, quizás –lo que no es menos importante– cubre las reservas principales de petróleo del mundo."
Con la misma mira, una comisión del Congreso norteamericano ha impulsado la redistribución de estas bases. Para la conformación de su 'caballería mundial' está seleccionando países con "leyes ambientales más permisivas", países donde la Casa Blanca pueda imponer acuerdos sobre el Estatuto de las Fuerzas Estadounidenses, en el cual se le exime de "la obligación de limpiar o pagar por los daños causados al medio ambiente".
En su propio territorio, la Ley de Defensa de noviembre de 2003 exonera al ejército de respetar la Ley de Especies en Peligro de Extinción o la de Protección a los Mamíferos Marinos.
La nueva política ambiental imperial: del neoliberalismo al neoconservatismo
Cualquiera puede deducir que un imperio comprometido –para salir de sus crisis– en las aventuras financieras, económicas, fiscales y militares que se han descrito, no va a guardar respeto ni contemplación sobre las normas ambientales. Más aún, sólo el 30% de los ciudadanos norteamericanos respalda las políticas ambientales de Bush, siendo el área donde registra menor aceptación, y casi existe un consenso que en ese campo se ha dado "un retroceso de más de 30 años". Personalidades como Jimmy Carter, Robert Kennedy jr., Robert Redford y hasta el mismo Al Gore, se unen al coro de críticos calificándola como "perversa".
"El gobierno del presidente George Bush ha debilitado las leyes de protección al medio ambiente, afectando el aire puro, el agua y la conservación", dijo Kennedy jr.
La 'Ley del Aire Claro' de 1970 consiguió salvar al cielo de la mayoría de las ciudades de la contaminación generada por las más importantes compañías de energía. Sin embargo, la 'Iniciativa de Cielos Limpios' de Bush permite que las centrales eléctricas y las empresas petroleras y contaminantes emitan cinco veces más mercurio, el doble de dióxido de sulfuro y 150% más de óxido de nitrógeno que durante la vigencia de la 'Ley del Aire Claro'.
La 'Ley de Rehabilitación de Bosques Saludables' de 2003 es análoga: financia proyectos para que las compañías accedan a árboles centenarios que pagan "a precio de limosna". El nuevo plan ya no limita a 10 millones de pies anuales las tablas de madera para construcción, sino que podría incluir el sacrificio hasta de los mismos árboles declarados monumentos para preservarlos –como las secoyas gigantes, que en ninguna otra parte se encuentran en tal abundancia.
Con el argumento de "limpiar" los bosques para reducir los riesgos de incendios, se entregó a las compañías madereras más de 70 millones de hectáreas. Lo anterior va acompañado del secreto que rodea las decisiones de la justicia para sacrificar especies en peligro de extinción y la floja aplicación de las leyes existentes.
Al ex gobernador de UTAH, Michael Leavitt, entusiasta propagador de la teoría del 'uso sensato' de los recursos naturales y el timonel a cargo de la Agencia para la Protección del Ambiente (EPA), le corresponde ejecutar lo que la Organización Sierra Club ha codificado como las Diez Grandes Fechorías Ambientales de Bush. Entre ellas incluye la ya mencionada entrega de bosques a las industrias de la madera, cuando la permisividad para que haya más mercurio en el agua y en el aire favorece a 17.000 empresas, la entrega de zonas ambientalmente frágiles importantes a compañías petroleras para la explotación y exploración como las Montañas Rocosas, Alaska, el Powder River, el Gran Cañón, que abarcan 17 millones de hectáreas en 48 Estados y, finalmente –inclusive después de la reunión del G-8 en Escocia– la negativa de EEUU a firmar el Protocolo de Kyoto, aún con lo ventajoso que resulta para los países más poderosos. Las corporaciones estadounidenses ven en el cumplimiento de ese Protocolo, aunque implante un nuevo bionegocio de especulación con los Derechos de Emisión, grandes y nuevos costos y argumentan que, de acogerse, la economía "colapsaría". La lección es que no podrá pasar nada que pueda afectar el balance financiero imperialista.
La política ambiental de Uribe, una aberración dictada por el Imperio
Visto lo anterior, a nadie puede extrañarle que la política ambiental del gobierno de Álvaro Uribe también se centre en el 'uso sensato' de los recursos naturales del país por parte de las multinacionales, las cuales esperan al acecho la nueva legislación para apropiarse y entrar a saco sobre ellos. A diferencia de Estados Unidos, el cargo no sólo recae en la pérdida del control de la nación sino en el enorme daño que se ocasionará a millones de colombianos, en particular a los más humildes y pobres del campo y de la ciudad. Partiendo de la concepción 'empresarial' según la cual lo que sea bueno para los inversionistas será bueno para la nación, se está engendrando un proceso nefasto en términos de política ambiental, si es que a lo quede –de consumarse las iniciativas uribistas– puede llamársele así.
De entrada no ha de olvidarse que quien está al mando es la persona que antes dirigió el Plan Colombia con sus aspersiones aéreas indiscriminadas de glifosato sobre cultivos, agua y personas. Voy a referirme a cuatro elementos estructurales de la política ambiental, criaturas de este gobierno: la ley Forestal, la Ley de Agua, el TLC y la política hacia los Parques Naturales.
La Ley Forestal:
Vale empezar diciendo que nadie logra explicarse cómo un Estado puede tener leyes separadas para los bosques y para el agua. Los más elementales conceptos de las Ciencias Naturales, referidos al ciclo natural hídrico, enseñan la estrecha relación entre ambos. Solamente cuando se conocen las verdaderas intenciones de la Ley Forestal, promovida en Colombia por la organización paraestatal estadounidense, Chemonics US-AID, logra entenderse tamaña inconsistencia. Lo mismo sucede con la Ley de Aguas cuando se descubren sus reales propósitos.Como lo denuncia una Declaración sobre la Ley Forestal suscrita por gran número de organizaciones sociales e importantes personalidades ambientalistas, se trata de una norma para fomentar la producción de madera en el país, la cual desecha –con tales fines– una política ambiental integral que contemple los bosques como un ecosistema, como lo ordena la Convención de Biodiversidad. Se cambian los organismos que planifican y formulan las políticas, se modifican radicalmente las instituciones correspondientes y buena parte del control queda en manos exclusivas del Ministerio de Agricultura y de agentes particulares. En un interés desmedido por favorecer el acceso de las compañías internacionales al aprovechamiento del recurso forestal nacional, dicha ley crea figuras hasta ahora inexistentes en nuestra juridicidad como la del "vuelo forestal", con la cual se les facilitarán las transacciones y el aprovechamiento con ánimo de lucro de los bosques nativos y de los plantados en las principales zonas del Pacífico y de la Amazonía.
Concomitante con esto, dado que dichas plantaciones de bosques se encuentran en los resguardos indígenas y en los territorios comunales de los grupos afrodescendientes, el recurso se coloca en grave riesgo de despojo al poner en entredicho los derechos que sobre ellos tienen las comunidades autóctonas. Igual suerte correrían los asentamientos campesinos que por diversas razones queden en áreas protegidas con fines exclusivos de producción forestal. Es, en otras palabras, la versión criolla y tropical de la política de 'Bosques Sanos' de Bush.
La Ley de Agua
(o de planificación y manejo del recurso hídrico): Para referirnos a ella es obligatorio mencionar los problemas que a nivel mundial se presentan cada vez en mayor grado por el acceso al agua, denominada ahora 'oro azul'. Según el serio estudio sobre el tema de Maude Barlow La Crisis Global del Agua y la Mercantilización de la Oferta Mundial de Agua, los gobiernos –presionados por las corporaciones multinacionales, el Banco Mundial y el FMI– "están adoptando como solución a la crisis la privatización, la mercantilización y la desviación masiva de agua" para (la nueva palabreja de moda) "el aprovechamiento" del recurso hídrico. Con eso se piensa que se acabará con la sed en el mundo, cuando lo que realmente sucede es que se está perdiendo el control público del agua y, con él, el derecho humano esencial a su libre acceso.Al cuantificar la crisis se habla de una oferta finita mundial de 40.000 a 45.000 km. cúbicos anuales de aguas lluvias, una demanda creciente por razones demográficas y la aplicación de 65% a la agricultura, 25% a la industria y 10% al uso doméstico, así como también de 38.000 desvíos de cauce de ríos que se presentaban en 2001. Barlow subraya la demanda creciente, la oferta declinable, el desprecio por tecnologías emergentes y la crisis de financiamiento del sector por parte de los países ante sus debilidades fiscales.
La Ley de Agua está inmersa en la concepción mercantilista. Abre las puertas en este campo a las inversiones privadas en todo el proceso de origen y uso, desde la producción, conducción, tratamiento, distribución, comercialización, recolección y disposición de las aguas servidas y lluvias y el tratamiento de las aguas residuales. En todas estas fases, la Ley crea 'nichos' y posibilidades de negocio a los inversores, estableciendo como principio que siempre deberán tener beneficios mayores a los costos.
Dentro del mercado de agua que se crea, se establecen las transacciones entre los particulares a quienes se les hicieron las concesiones, al igual que su aprovechamiento, cobijando también las aguas marinas, costeras y subterráneas y los acuíferos. Se instauran nuevas tarifas –separadas– para el alcantarillado y el drenaje urbano, y tasas de uso y retributivas de pago universal, con lo cual no se discrimina siquiera a favor de quienes utilizan el agua para satisfacer una necesidad básica y quienes la utilizan –como reza el discurso oficial– para la "competitividad". Y vale exponer que la Ley enfatiza que los costos deben cubrirse por las respectivas tasas. Como el costo de la prestación del drenaje y de la "remoción de las cargas contaminantes" debe cubrirse con las tasas, se garantiza la utilidad para el agente público o privado que lo ejecute y, en el caso de la descontaminación, también se dispone que el cubrimiento se incrementará en un 20%. Igual lógica impera para el agua de los distritos de riego para la agricultura.
Tomar posesión de las fuentes de agua, fijar condiciones de utilidad financiera para cada etapa del proceso de producción y uso del agua, admitir la iniciativa privada en cada fase y garantizarle el lucro es crear un gran negocio sobre las necesidades e incluso el desplazamiento –cuando el caso así lo exija– de millones de colombianos. Es claro que el beneficio está dirigido al capital y el costo al usuario, siendo que en el caso de Colombia el agua se utiliza en un 44% para fines domésticos. No están calculados los inmensos negocios que podrán montarse tras esta Ley en un país como Colombia, con una dotación anual de 58 litros/ año/ km2, seis veces la del promedio mundial y tres veces la de Latinoamérica.
Políticas de Parques Naturales:
De manera breve es obligatorio nombrar las aberrantes políticas del gobierno con los Parques Naturales. En primer lugar, convertirlos en mercancía de subasta como servicio turístico o de investigación. Con lo primero se dan en concesión a las promotoras turísticas –con todas las implicaciones negativas que recaen sobre estas reservas de riquezas naturales– y, en segundo término, como franquicia para el saqueo de la fauna y la flora. Ambos servicios se compensan con contratos que al amparo del TLC brindan plena y duradera garantía jurídica a los correspondientes inversionistas beneficiarios.Por otra parte, como una política de sometimiento a Estados Unidos, el gobierno propende fumigar con glifosato por vía aérea estos parques. Algunos funcionarios y congresistas norteamericanos no han ocultado la intención de que ese tóxico se reemplace por microherbicidas: la guerra biológica. Vale señalar que Colombia es el único país del mundo que permite ese tipo de aspersiones, caso insólito de servilismo.
El TLC:
Es el articulador de todo lo anterior. Al considerar los recursos como bienes económicos y al darles valor en todos sus usos, los Tratados de Libre Comercio los incluyen en los capítulos de acceso a mercados, de servicios (como servicios ambientales) e inversiones. Aplicado al caso del agua, por ejemplo, mercantiliza las aguas servidas, los servicios de agua fresca y también el tratamiento del agua residual; igualmente la protección de la naturaleza y el territorio, la construcción de canales conductores de agua y de grandes tanques de almacenamiento, la irrigación, las represas, el agua embotellada, los servicios de transporte de agua y la exportación de agua –como sucede en Canadá y Alaska hacia Estados Unidos. Una enumeración similar podría hacerse en el caso de los bosques. Mediante la privatización de estas áreas, el Estado pierde el control sobre el recurso y con ello se pierde asimismo el derecho de los ciudadanos.Cuando se habla de política ambiental, no se puede dejar de lado el trato que le espera a la biodiversidad en el TLC. Los recursos genéticos se consideran igualmente una mercancía, y hasta pueden patentarse. En el caso del TLC de Colombia con Estados Unidos, el botín es enorme: nuestro país ocupa el segundo lugar en biodiversidad del planeta, posee entre el 10% y el 14% de esa diversidad en una superficie equivalente al 0,8% de las tierras emergidas del mundo, tiene entre 45.000 y 50.000 especies de plantas vasculares; también 258 especies de palmas –el mayor número en el mundo–, 1.815 especies de aves equivalentes al 19% de todas las del globo y el 60 % de las de Sudamérica, 30 de primates, 2.890 de vertebrados, 456 de mamíferos, 222 de saurios y 583 de reptiles. En aguas continentales, Colombia posee cerca de dos terceras partes de las 3.000 especies de peces descubiertos a escala mundial, y a lo largo de sus 3.000 km. de litoral en los dos océanos y en sus sistemas insulares posee 6.600 millones de hectáreas en ecosistemas marinos y costeros que cubren el 95% de la plataforma continental. También hay diversos y productivos tipos de ecosistemas marino-costeros, tales como arrecifes coralinos, bosques de manglar, de los cuales hay 379.954 que representan el 2,2% de los 17 millones del mundo, lagunas costeras y deltas, praderas de fanerógamas, sistemas de playas y acantilados. Toda esta riqueza –como se dijo, patrimonio de la humanidad– en el TLC se considerará un verdadero filón para las multinacionales farmacéuticas y de las áreas de biotecnología.
Conclusiones
Las épocas del modelo de desarrollo sostenible quedaron atrás. Ya la política ambiental dominante no se preocupa por el balance entre economía y conservación o entre generaciones futuras y presentes y menos por la equidad social en torno a ella. La caída de la tasa de ganancia del capital no sólo impide que este paradigma, que –según algunos– se alcanzaría merced al libre comercio, se realice; sino que además ha convertido los planes y programas ambientales en fuente gestora de nuevos negocios.
El Banco Mundial, el cual ha patrocinado por todo el orbe esta visión, como en Colombia donde acaba de prestar 150 millones de dólares para el sector agua e imponer como condición la existencia de la ley respectiva, va sentando las bases para cristalizarla. Los Tratados de Libre Comercio concretan toda esta política de despojo nacional y social y otorgan plenas garantías a los inversionistas para hacer y deshacer; es la experiencia del capítulo 11 del Tratado de Comercio de América del Norte, precursor en este tipo de asaltos que se replican en todos los TLC suscritos.
A su vez Estados Unidos, que no ha suscrito ni mucho menos ratificado los principales convenios ambientales como el Protocolo de Bioseguridad, la Convención de Basilea, la de La Haya o la de los Derechos del Mar, va imponiendo su propia normatividad internacional. Entre tanto países como Colombia, representada en gobiernos como el que preside Álvaro Uribe Vélez, capitula ante las ambiciones imperiales sin rezongar. Para enfrentar tanta aberración bien del amo imperial o del súbdito de turno, urge movilizar a la población y conformar un frente contra esa nefasta política.
Allí han de tener cabida todos los patriotas y demócratas, las comunidades rurales y campesinas afectadas, los grupos urbanos expoliados –encabezados por los usuarios organizados de los servicios públicos domiciliarios–, los jóvenes y los intelectuales y organizaciones ambientalistas, que contribuyen con su conocimiento a avivar la lucha indispensable por una política ambiental soberana y democrática.
De no enfrentar los monstruosos dictados estadounidenses en forma decidida, tendríamos que repetir con Thomas Merton: "Vendrá el tiempo en que ellos nos venderán hasta la lluvia. En el momento es todavía gratis... Celebro su gratuidad y que no tenga aún sentido de negocio".
Nota Bibliográfica
Para la primera parte referida al desarrollo de la política ambiental global puede verse: Gestión Ambiental en América Latina y el Caribe, de Manuel Rodríguez Becerra y Guillermo Espinoza, en particular el capítulo 4; también un recuento de los principales convenios en materia ambiental se encuentra en el Manual de Gestión del Medio Ambiente de Ramón Ortega e Ignacio Rodríguez Muñoz. Sobre la crisis económica de la última década del siglo XX puede consultarse: "www. Neoliberalismo.com" de Jorge Enrique Robledo Castillo, "Crisis general y militarización del imperio yanqui", de Myrna Donahoe, Gilbert González y Raúl Fernández en Deslinde No. 32; igualmente este último aspecto de militarización está en el texto de Chalmers Johnson mencionado arriba y tomado de Revista de Prensa en www.moir.org.co. También sobre la crisis económica de Estados Unidos se encuentra disponible la parte final del capítulo II de Crítica al ALCA de Aurelio Suárez Montoya. En cuanto a las anotaciones con relación a las políticas ambientales implantadas por George W. Bush, se recogió información en los siguientes sitios de Internet: www.commonassets.org y www.sierraclub.org.; en esos lugares se encuentran otras referencias. Finalmente, sobre las políticas ambientales de Uribe se tomó como resumen frente a la esencia de la Ley Forestal, la Declaración que al respecto suscribieron varios centenares de personalidades y organizaciones sociales enviada a la Cámara de Representantes; con relación a la Ley de Aguas se tomó como base las notas y análisis del autor tomadas en el Foro que al respecto se adelantó en la Universidad de los Andes el 18 de junio de 2005. Igualmente, para lo temas referidos al TLC se tuvo como marco de análisis el célebre texto Oro Azul de Maude Barlow sobre mercantilización y privatización. El inventario de biodiversidad de Colombia se extrajo de www.acionambiental.org del Fondo para la Acción Ambiental (Biodiversidad) y el balance hídrico de Colombia se puede conocer en Colombia: Potencia hídrica de Rodrigo Marín Ramírez, subdirección de hidrología IDEAM. La cita de Thomas Merton está en: "Sustainable Water Systems" por Alex Lantsberg en www.commonasstes.org.