El TLC y el capítulo laboral
El Tratado de Libre Comercio que se "negocia" actualmente con Estados Unidos significa la profundización de las reformas adoptadas en Colombia durante los últimos 14 años. Estas reformas significaron una sustitución masiva del trabajo y la producción nacional por la extranjera, un aumento del desempleo, un deterioro de las condiciones laborales, un aumento desmesurado de la informalidad y de la emigración con un particular efecto negativo sobre las mujeres. La disminución en la producción de café y las importaciones agrícolas, para poner apenas un ejemplo, dispararon el desempleo rural.
Como parte de la expansión de los flujos financieros y comerciales a nivel global, las empresas multinacionales han ido buscando mano de obra barata por todo el mundo, como ocurre en las maquilas en Centroamérica y México y se han ido ubicando donde los costos laborales son menores, los trabajadores tienen menos garantías y buena parte de estas inversiones se han dedicado a explotar mano de obra principalmente femenina. Dada esta situación, los sectores exportadores –en general, pero aún más de los países atrasados– sólo pueden competir si explotan mano de obra de bajísimo costo.
Esta situación ha llevado a la implementación de reformas laborales regresivas y al debilitamiento e incluso destrucción del movimiento sindical. La competencia entre los países por atraer inversión extranjera hace que se eliminen los requisitos de desempeño, tales como dar empleo de calidad a los nacionales, pagar impuestos, transferir tecnología, etc., en una competencia por abaratar costos. Esto hace que la eventual inversión buscada con el TLC sea volátil, efímera y no pueda constituir la base de un sólido desarrollo empresarial y social que permita ingresos adecuados a los trabajadores. La eliminación de la capacidad del Estado de promover políticas de desarrollo obstaculiza aun más la posibilidad de mejoras en los ingresos de la población.
El TLC, al fortalecer y profundizar estas tendencias, perjudica gravemente a los trabajadores y evidencia que el libre comercio es incompatible con los derechos de los mismos. Pretender hacer compatible la rapiña propia de este capitalismo salvaje –orquestado por los grandes capitales– con la garantía de los derechos de los trabajadores, es imposible.
La propuesta del "Capítulo Laboral"
Estados Unidos ha propuesto la inclusión de un capítulo laboral en el TLC negociado con Colombia. Esta propuesta corresponde a la aplicación del Trade Promotion Authorithy (TPA) que dio facultades a Bush para negociar por la vía rápida. La preocupación partió del Partido Demócrata y de los sindicatos norteamericanos que ven con preocupación que, ante los bajos salarios en otros países, la industria emigre buscando mano de obra barata y con ello se pierdan puestos de trabajo en Estados Unidos.
La inclusión de aspectos laborales en los tratados de libre comercio corresponde a la tendencia predominante en los países desarrollados de hacer gravitar todos los asuntos mundiales en torno a las definiciones comerciales. Es así como a la OMC se le han ido añadiendo temas como propiedad intelectual y servicios y se le quiere incluir inversión, compras estatales, etc. Justamente en Singapur en 1996, los países en desarrollo bloquearon que entre los nuevos temas de la OMC se incluyera el laboral, argumentando que la OIT era el foro adecuado para esto. El nuevo ordenamiento mundial propugnado por Estados Unidos quiere definir en los tratados bilaterales una nueva legislación internacional que desconoce o suprime normas internacionales consagratorias de derechos económicos, sociales, laborales, culturales y ambientales y las organizaciones multilaterales que los promueven.
El gobierno estadounidense busca con el capítulo que no se produzca lo que han denominado dumping social, esto es que haya condiciones desiguales en materia laboral en los sectores exportadores que impliquen una "competencia desleal", basada en precarias condiciones laborales y bajos salarios. Su preocupación principal no es garantizar condiciones laborales adecuadas –aunque es posible que así lo planteen los sindicatos norteamericanos– sino que las que existan, por malas que sean, rijan para todos los trabajadores y no beneficien algún sector exportador en particular. Este sería un punto de transacción que le plantearían al gobierno colombiano, aunque esta generalización de bajos salarios de todas maneras operaría como dumping social en comparación con los predominantes en la economía norteamericana.
La soberanía según Uribe
El gobierno colombiano ha aceptado la inclusión del capítulo, de la misma forma que ha aceptado todas las exigencias norteamericanas y procura que las exigencias laborales sean las menores, que los mecanismos de control sean más laxos y que no se produzcan sanciones comerciales como producto de la no aplicación de esta parte del Tratado.
El gobierno colombiano argumenta además que no está en capacidad de aplicar la propia legislación laboral y aspira a que del Tratado se deriven fondos de cooperación internacional para aumentar la capacidad de control, inspección y administración de las relaciones laborales.
Por otra parte, los negociadores colombianos se ufanan de querer mantener en este tema la capacidad del Estado de cambiar la normatividad interna, como se ha venido haciendo en los últimos 14 años con reformas dirigidas a la flexibilización laboral, la cual ha significado el deterioro de los ingresos de los trabajadores, el empeoramiento de sus condiciones laborales, el aumento en la informalidad. la paulatina extinción del derecho colectivo del trabajo y el debilitamiento y criminalización de la actividad sindical.
Desde 1990, sucesivas reformas laborales han deteriorado los estándares laborales y ésta es una pieza maestra de la apertura, fue parte integral de la "internacionalización" de la economía en los noventa y reformas como las de las cesantías, sistema de salud y pensiones han ido en la misma dirección. Por supuesto, nada hay en el Tratado que impida continuar esta tendencia; todo lo contrario, la autonomía que reclama el Estado para continuar los cambios implica su capacidad para continuar el proceso de flexibilización.
El gobierno colombiano ha pretendido cooptar a las centrales sindicales a la legitimación del Tratado por medio de su participación en la discusión sobre el capítulo laboral, además con el insólito propósito de que los sindicatos apoyen la posición de que el gobierno no es capaz de garantizar la aplicación de la ley y de los estándares laborales internacionalmente aceptados.
La negociación pretende colocar a los trabajadores en una disyuntiva: ante la inevitabilidad del libre comercio, es necesario un capítulo laboral. Si se niega este capítulo, se estaría en contra de medidas que atenúen los nocivos efectos de la liberalización y si se acepta el capítulo se estaría avalando el Tratado. Ambas opciones son malas y se pretende que las organizaciones sindicales escojan la "menos peor", esto es que den una especie de apoyo condicional al TLC, exigiendo fuertes cláusulas laborales.
Contenido del capítulo laboral
Las formulaciones contenidas en el capítulo laboral, y que son semejantes a las del Tratado con Centroamérica, en esencia plantean que:
1. Se procurará que los compromisos asumidos ante la OIT sean protegidos por la legislación interna (no hay un compromiso real y efectivo).
2. Habrá autonomía para modificar la legislación interna, pero se procurará que las leyes internas sean acordes con los derechos laborales internacionalmente reconocidos y éstas se mejorarán en ese sentido (se acepta la posibilidad de desmejora de la normatividad interna).
3. Los estándares laborales no podrán utilizarse para fines comerciales proteccionistas. No se dejará de aplicar la legislación en forma sostenida y recurrente de manera que esto afecte los flujos comerciales (no hay una preocupación social ni por los derechos laborales, sino por los flujos comerciales).
4. Es inapropiado debilitar la aplicación de la legislación para obtener ventajas comerciales, como una forma de incentivar el comercio con otra parte, o como un incentivo para el establecimiento, adquisición, expansión o retención de una inversión en su territorio.
5. Se definen mecanismos de reclamos, solicitudes, demandas procedimientos y tribunales, siempre de acuerdo con la legislación interna.
6. Medidas para dar a conocer la legislación laboral y la cooperación en estos campos en materia de educación, investigación, etc.
7. Creación de un Consejo de Asuntos Laborales para hacer seguimiento de lo acordado y desarrollar mecanismos de cooperación laboral para fortalecer la capacidad institucional (este punto y el anterior definen ciertos fondos de cooperación, con los cuales se busca comprometer a los gobiernos andinos e incluso a los sindicatos con las políticas del TLC a cambio de unos dólares).
8. Se establecen mecanismos de solución de diferencias por medio del consenso y, en caso de diferencias, por medio de paneles establecidos en el capítulo de solución de controversias que tienen capacidad de, en el peor de los casos, multar hasta por 15 millones de dólares que serán aplicados bajo la dirección del Consejo de Asuntos Laborales en temas laborales o ambientales, de conformidad con la legislación interna, y en caso de incumplimiento de la multa se podrán tomar sanciones comerciales.
9. Para los tratados legislación laboral significa leyes o regulaciones de una parte, o disposiciones de las mismas que estén directamente relacionadas con los siguientes derechos laborales internacionalmente reconocidos:
(a) el derecho de asociación;
(b) el derecho de organizarse y negociar colectivamente;
(c) la prohibición del uso de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio;
(d) una edad mínima para el empleo de niños, la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, y el establecimiento de normas y niveles por cada una de las partes respecto de salarios mínimos no estará sujeto a obligaciones en virtud de este capítulo (esta definición de derechos es inferior a los de la OIT, pero de todas maneras no compromete a los Estados a cumplirlos cabalmente, sino a "procurar" hacerlo).
La experiencia internacional indica que el capítulo laboral no garantiza la protección de los derechos laborales. No existe ningún caso de condena a un gobierno por violación de estos y ningún gobierno ha demandado a otro por incumplimiento de esta parte de los tratados. Los 28 casos que se han presentado en el TLCAN después de 10 años de aplicación, no han pasado de la primera instancia. Las referencias a los derechos laborales consagrados internacionalmente son apenas una meta que los Estados se comprometen a "procurar" cumplir. No hay ningún mecanismo ni instancia que promueva la mejoría progresiva de las condiciones laborales, que se encuentran en permanente deterioro. El objetivo del capítulo laboral no es social, sino comercial y político; se parte de que las legislaciones internas de los Estados firmantes protegen adecuadamente los derechos.
Un ejemplo de esto es Chile, donde son internacionalmente reconocidas sus deficiencias legales y reales en la aplicación de derechos laborales y que fue reconocido por Estados Unidos como un Estado que protege adecuadamente a sus trabajadores. Por otra parte, no se establecen metas ni criterios de ingreso mínimo. Las miles de violaciones que se producen a diario en materia de derechos, solamente podrán ser investigadas dentro del marco del Tratado si tienen efectos sobre el comercio entre las partes. Un ejemplo del desinterés norteamericano en los derechos laborales es que sólo ha ratificado 18 de 54 convenios de la OIT y los millones de migrantes indocumentados que trabajan en su territorio no sólo carecen de derechos laborales, sino de derechos ciudadanos por la falta de visas; las restricciones a la movilidad de la mano de obra hacen que bajo la ilegalidad los migrantes trabajen en condiciones inadecuadas.
Por todas estas razones, la inclusión de un capítulo laboral en el Tratado no atenúa las consecuencias negativas que el conjunto de los capítulos conllevan sobre los trabajadores y sí se convierte en un mecanismo para cooptar a las centrales sindicales y otras organizaciones en procura de "embellecer" un Tratado que en su conjunto es negativo. Además, es claro que incluso adoptando cláusulas de "protección de derechos laborales", éstas sólo serían válidas para la porción de trabajadores, cada vez menor, en condiciones de contratación formal y colectiva y de ninguna manera para la enorme cantidad que se encuentra en condiciones precarias o informales, que aumentaría con el Tratado, lo mismo que el desempleo urbano y rural.
Es necesario, ante la inminencia de la firma del TLC, afirmar enfáticamente que rechazamos el capítulo laboral y el conjunto del Tratado.
Ante esta situación, es necesario declarar lo siguiente:
1, La preocupación del movimiento sindical no se refiere exclusivamente al capítulo laboral sino al Tratado en su conjunto, ya que hay numerosos aspectos del mismo que afectan la producción agraria e industrial, la prestación de servicios públicos, la capacidad del Estado para orientar el desarrollo económico y todos estos asuntos tienen implicaciones en el empleo, en la soberanía nacional y en el desarrollo productivo y social, temas vitales para el movimiento sindical.
2. A pesar que en muchos casos es necesario reconocer la buena intención de quienes dentro del movimiento sindical buscan un capítulo laboral más exigente, la forma de garantizar la aplicación de los derechos de los trabajadores no es consagrarlos en un Tratado de Libre Comercio, ya que lo que corresponde es fortalecer los mecanismos nacionales de control y los acuerdos y organizaciones internacionales especializadas en el tema.
3. La esencia de los TLC es la competencia entre los grandes capitales para buscar a nivel mundial mano de obra barata; esto es lo que explica el desarrollo de la maquila en México, Centroamérica y Asia, y el hecho que la globalización de los capitales ha implicado el deterioro de los ingresos y condiciones laborales en todo el planeta. En este sentido, el libre comercio y los derechos laborales son contradictorios.
4. El conjunto de los capítulos del Tratado tiene impactos negativos sobre los trabajadores, sobre todos los ciudadanos y sobre la soberanía nacional, por lo cual la oposición al Tratado no obedece exclusivamente a los intereses económicos de los asalariados sino a la defensa de los intereses nacionales.
Gilbert González. Profesor de la Universidad de California, en Irvine.
Desplazamiento laboral y disminución salarial
En Estados Unidos los trabajos bien remunerados han disminuido aceleradamente a consecuencia de los más de 879.000 empleos del sector manufacturero que han sido traslados fuera del país a causa del Nafta. Por ejemplo, desde que se estableció el libre comercio con México y Canadá, en California han desaparecido 200.000 empleos manufactureros, mientras que en el mismo período se han creado 2.300.000 empleos en el sector servicios.
Los latinos han sido seriamente afectados por el Nafta, como lo demuestra el hecho de que ellos constituyen por lo menos el 47% de las personas receptoras de ayuda federal por haber sido desplazados de sus trabajos a causa de la implementación del Nafta.
Entre 1994 y 2004, el empleo en las fábricas de textiles y en la manufactura de ropa cayó cerca del 60%, perdiéndose 780.000 empleos durante ésta década. Los latinos son el 26% de la fuerza de trabajo en las textileras y fábricas de ropa, por lo que han sido el grupo étnico más afectado por la pérdida de empleos en esta industria.
117.000 trabajos textiles fueron trasladados al exterior en California, lesionando principalmente a los latinos quienes representan el 80% de la fuerza de trabajo en el sector. En Texas el empleo textil –60% latino– disminuyó en otros 117.000 puestos en todo el Estado, mientras que sólo en un condado de la frontera con México se perdieron 8.000 empleos.
El 57% de todos los trabajadores reempleados en Estados Unidos en los últimos años tuvieron que aceptar trabajos con un salario inferior al que recibían en su anterior colocación.
El 77% de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos son latinos. El Nafta ha favorecido desproporcionadamente a las empresas agroindustriales más grandes y poderosas. Por ello, para poder competir las empresa pequeñas tienden a disminuir el número de trabajadores estadounidenses y contratar la mano de obra entre el grupo de inmigrantes más recientes, quienes tienen menor probabilidad de ingresar a un sindicato y son más flexibles para aceptar trabajos con salarios bajos. Esta tendencia a emplear inmigrantes recién llegados para que realicen el trabajo mal pago se remonta en Estados Unidos hasta el siglo XIX.
En 68% de 400 casos estudiados, los empleadores amenazaron con trasladar la producción al exterior si los trabajadores decidían participar en campañas de afiliación sindical.
Ampliación de la brecha entre ricos y la mayoría
La desigualdad en el ingreso ha crecido vertiginosamente durante el periodo de libre comercio. Actualmente y en el mayor porcentaje registrado desde 1929, el 1% de las personas con mayores ingresos perciben más del 50 por ciento del ingreso obtenido por el total de la población antes de pagar impuestos.
El ingreso del 20% más rico de la población creció de 44% en 1973 a 73% en 2002, aumentando de US$ 82.000 a US$ 144.000, lo cual corresponde a un incremento real del 76% en dólares de 2002. Por el contrario, la parte del ingreso de la clase media disminuyó del 17% al 15% en el mismo periodo.
Durante los mismos años, los impuestos del 20% más rico de la población cayeron 1%, mientras que para la clase media y los trabajadores aumentaron 2%.
El 1% más rico posee el 38% de la riqueza personal, al paso que el 80% de la población estadounidense sólo posee el 17 % de la riqueza de la nación.
Únicamente en 2002, el ingreso promedio cayó 3% y el número de ciudadanos viviendo en niveles de pobreza aumentó en 1,3 millones, alcanzando los 35 millones. Es decir, que actualmente en Estados Unidos el 12,5% de la población vive en condiciones de pobreza.
La situación es más crítica para los latinos y negros, sectores de la población en donde la tasa de pobreza se encuentra alrededor del 24%, en comparación del 8% para los blancos.
Entre la clase media crece el número de hogares donde se necesitan dos ingresos para lograr mantener un estándar de vida similar al detentado en años anteriores con sólo un ingreso por familia. Mientras que en 1970 el número de hogares donde trabajaban dos personas era 37%, en 2002 ese porcentaje alcanzó 70%.
No obstante haber aumentado considerablemente el número de hogares con doble ingreso, el total del ingreso fluctúa hacia abajo en una proporción dos veces mayor a la de 1970, lo cual ha causado que las bancarrotas personales hayan aumentado de 288.000 en 1980 a 1.625.000 en 2000.
Por lo menos 38.000 pequeñas granjas han desaparecido debido al Nafta, mientras que las ganancias de los monopolios agrícolas aumentaron desorbitadamente. Por ejemplo, los ingresos de ConAgra crecieron 189% y las ganancias de Archer Daniels Midland se incrementaron el 274%.
Apertura comercial, libre comercio y derechos laborales en Costa Rica: ¿Quiénes son los perdedores en esta relación?
Gerardo Cerdas Vega, Sociólogo. Actualmente se desempeña en Costa Rica como Secretario de Organización del Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda (SindHac), así como integrante de la coordinación del Encuentro Popular y del Grito de los Excluidos.
El presente artículo analiza la inicua situación laboral prevaleciente en Costa Rica. Ella representa tan sólo uno de los casos que la política neoliberal ha generalizado en América Latina, ahondando la explotación de la mano de obra que siempre ha prevalecido en nuestro continente. Con los Tratados de Libre Comercio el atropello se agrava al máximo, como expresión de las funestas consecuencias que estos ocasionan y que han suscitado su rechazo por las masas trabajadoras y otros numerosos sectores comprometidos con el bienestar, el progreso y la soberanía de nuestras naciones. Deslinde
A primera vista, uno podría pensar que la apertura comercial, el llamado "libre comercio" y los derechos laborales guardan un relación tan solo tangencial, siendo que la dinámica de comercio exterior no tendría por qué afectar ni a la legislación ni a las prácticas laborales vigentes en un país cualquiera, en el caso de este artículo, Costa Rica.
Sin embargo, al profundizar en el análisis de la dinámica de acumulación capitalista que caracteriza las últimas dos décadas y media –dominadas en todos los órdenes, desde la economía hasta el derecho, por el pensamiento neoliberal–, nos damos cuenta que el tema laboral ocupa un lugar estratégico como factor capaz de maximizar los rendimientos de las inversiones productivas. En efecto, es gracias a las profundas modificaciones operadas tanto en la legislación como en las prácticas laborales en nuestros países, que el modelo de apertura comercial y de "libre comercio" alcanzan con éxito su objetivo de aumentar los rendimientos marginales de ciertas actividades productivas que, en sí mismas, son poco competitivas, ya sea por la gran cantidad de competidores que recurren a la misma estrategia en diversos países de América Latina y África, o bien por los bajos costos que manejan otras potencias comerciales emergentes. Nos referimos a algunas actividades agroindustriales, así como a la industria de la maquila, que campean en nuestros países aprovechando las ventajas que significa una mano de obra prácticamente ilimitada y a un costo de operación ridículo, si se compara con los costos que dichas industrias tendrían que pagar en sus países de origen por el trabajo humano.
En la relación que se genera entre los procesos de apertura comercial iniciados en los años ochenta, la imposición a nuestros países del "libre comercio" durante los años noventa y los derechos laborales, se produce un único gran perdedor, un perdedor anónimo y colectivo: los trabajadores, que ven menguados –y hasta negados– sus derechos laborales y humanos fundamentales al integrarse de forma particularmente vulnerable a un mercado de trabajo, pensado en función de las necesidades de reproducción del capital, no de las necesidades de las personas trabajadoras. Esta afirmación no es un simple enunciado de una realidad supuesta o abstracta; las investigaciones realizadas por la Asociación de Servicios de Promoción Laboral (Aseprola) durante los años 2003 y 2004, dan cuenta de graves y sistemáticas violaciones a los derechos de las personas trabajadoras, en algunas de las más importantes y emblemáticas actividades productivas vinculadas al modelo de apertura comercial y "libre comercio" en Costa Rica1. En este artículo queremos dar cuenta, en términos que nos permitan algún grado de generalización, de diversos hallazgos y evidencias que demuestran, no de forma exhaustiva pero sí categórica, que los grandes negocios de nuestra época –¿ha sido distinto alguna vez?– se sostienen sólo sobre las espaldas, la sangre y hasta la vida de nuestra población trabajadora.
Vivir para trabajar
Una de las ideas y reivindicaciones más importantes del movimiento obrero, desde el surgimiento del capitalismo hasta nuestros días, ha sido la regulación y el establecimiento de límites a la jornada de trabajo. Bajo esta reivindicación, subyace la aspiración humana a una vida donde el trabajo "productivo" no ocupe más del tiempo socialmente necesario para generar bienestar para la colectividad y para el individuo, en el entendido de que este último es algo más que simple fuerza de trabajo: es un ser humano, una persona. Por lo tanto, y sólo por ese hecho, tiene derechos.
Pues bien, esta cara idea se viene al suelo en mil pedazos cuando la cotejamos con la dura realidad que enfrentan los trabajadores, agrícolas o fabriles, que se desempeñan en las actividades de producción para la exportación. En todos los casos, las jornadas de trabajo superan en muchas horas los máximos diarios y semanales fijados por ley; en casos extremos, concretamente en las fincas bananeras de la región atlántica de Costa Rica, los peones llegan a trabajar 90 horas por semana, muchas horas más de las que tienen durante la semana para el descanso y sus demás actividades, puesto que aún en el caso de que se les respete el día libre fijado por la ley, llegan apenas a un total de 78 horas. Esta inaudita situación –el alargamiento permanente de la jornada– se presenta también en las plantaciones de piña, de frutas, legumbres y hortalizas, así como en las fábricas analizadas, pertenecientes al sector maquilador, que exporta todo lo que produce.
Esta ilegal extensión de la jornada de trabajo se hace, para colmo de males, sin el pago de tiempo extraordinario, ya que incluso se considera que el trabajador o trabajadora que debe trabajar de más, para sacar los mínimos de producción establecidos, es responsable de tal situación por su ineficiencia e incompetencia laboral. El ejemplo de la fábrica de pelotas de béisbol ubicada en Turrialba, la fábrica Rawlings Bawlings, es paradigmático en este aspecto y en muchos otros.
Hoy tengo trabajo, mañana no sé
Los trabajos generados en el modelo de apertura y "libre comercio" se caracterizan por ser inestables; los contratos, en clara violación de la legislación laboral, se fijan por plazos menores a los tres meses para no generarle responsabilidad al patrono. Los trabajadores, aún los de mayor antigüedad, están condenados a trabajar bajo un perpetuo "período de prueba". De esta forma, a veces se tiene trabajo, a veces no; en ciertos casos, las mujeres son las más perjudicadas por estas formas irregulares e inestables de contratación. Citemos aquí el caso de las mujeres en las plantaciones de piña en la zona sur del país, que tienen trabajo –y salario– sólo cuando hay fruta que empacar. Si no hay fruta, ese día no se come. Pero esta tendencia a contratos inestables se encuentra en todas las actividades analizadas, agravándose debido a la presencia de los contratistas (por ejemplo en la producción de caña de azúcar y de piña), que suplantan al patrono en la contratación de la mano de obra y llevan a una situación extrema en cuanto a la violación de los derechos laborales, introduciendo lo que podríamos llamar una forma de "intermediación laboral" que hace imposible, en la práctica, la exigibilidad de derechos por parte de las personas trabajadoras.
La plata no alcanza, pero no hay de dónde escoger
Tanto las fábricas como las plantaciones agroindustriales pagan salarios de hambre. Así de directo, así de crudo. La explotación es proverbial en algunos casos. Aunque los salarios aparentan ser superiores a los mínimos fijados por ley –que de todas formas, tampoco alcanzan–, en realidad son muy inferiores, ya que las largas jornadas reducen el valor real del salario. Los niveles de ingreso no son suficientes para cubrir las necesidades básicas de la persona trabajadora y su familia. Además, las diferencias que existen entre los operarios o peones y los niveles gerenciales, son en algunos casos abismales. En una de las fábricas analizadas, donde se fabrican las pelotas de la serie "mundial" de béisbol, el gerente general gana 32 veces más que el obrero mejor pagado. Pero, como estas fábricas o plantaciones se ubican en zonas deprimidas económicamente, aunque la plata no alcance, no hay de dónde escoger. Siempre habrá alguien dispuesto a trabajar por menos salario. ¿Siempre?
Si te morís no importa, otro ocupa tu lugar
Las condiciones de seguridad e higiene ocupacional, así como el derecho a la salud, son nunca o esporádicamente respetadas por los patronos en estos sectores. En las plantaciones de piña, por ejemplo, los patronos no se toman la molestia siquiera de informarle a los trabajadores sobre el producto químico que se usa para el control de plagas y favorecer el crecimiento de la fruta, menos aún de pagar por ropas adecuadas a la labor y que protejan a la persona de los efectos nocivos que genera el contacto permanente con estas sustancias. En una de las fábricas analizadas, el médico de la empresa se niega a incapacitar a los obreros por orden del patrono, aunque la incapacidad se justifique, y si vas al médico te rebajan del salario el tiempo utilizado en la consulta o te obligan a reponer las horas. Y en todas las actividades de campo, la exposición a altas temperaturas, lluvia y otros factores de riesgo no impide que a las personas se les obligue a trabajar sin descanso durante 12 o más horas. Porque al final, ¿qué importa si te morís? Siempre habrá otro que ocupe tu lugar. He aquí otro perdedor anónimo, otro rostro de la exclusión, unos brazos fuertes donde la lógica del mercado ha extirpado a la persona humana.
Las mujeres en una realidad violentada
Las mujeres se han integrado de forma creciente al mercado de trabajo, durante las últimas décadas, en especial –aunque no solamente– por el crecimiento de las actividades de exportación. Aunque en las actividades agroindustriales la participación de las mujeres es todavía inferior a la de los hombres, ocurre lo contrario en las actividades fabriles analizadas, donde sí es posible constatar una concentración mayor de mujeres, especialmente en la industria textil. Pero este crecimiento de su participación económica, no ha ido aparejado de una transformación de los patrones de comportamiento que las discriminan en otros ámbitos sociales como la familia o la comunidad. Constatamos gracias a las investigaciones de Aseprola, que la división sexual del trabajo es una realidad tanto en las plantaciones agrícolas como en las fábricas; de esta división, se derivan una serie de valoraciones y prácticas discriminatorias y abusivas que violentan más aún la realidad de las mujeres, ya que además de padecer la misma explotación a que son sometidos los hombres, deben soportar situaciones como el acoso sexual, el pago de salarios inferiores, contratos de trabajo todavía más inestables y, en casos extremos como en las plantaciones de caña de azúcar, una sujeción completa respecto de la figura masculina, lo que se expresa en que el salario ganado por una mujer es pagado no a ella sino a su compañero. A esto se suma la inexistencia de espacios de organización de mujeres o que al menos las incluyan, lo que les impide reconocerse como sujeto frente a una realidad que las violenta en sus derechos básicos.
Y no hablemos de sindicatos
La sindicalización es inexistente o apenas marginal en las actividades de exportación. Sindicalizarse es uno de los pecados capitales que un trabajador o trabajadora no puede cometer: cometer tal delito trae consigo la excomunión, es decir el despido, las listas negras, la persecución... y esto en aquellos casos donde aún es posible un mínimo de organización sindical. Pero aún en los mejores escenarios, la tasa de sindicalización en estos sectores es muy inferior al promedio nacional; sólo en las plantaciones bananeras y, de forma incipiente, en las piñeras, encontramos algún grado de sindicalización2. Condenar a estos trabajadores a no poder organizar un sindicato, equivale a negarles su derecho a una vida más digna y a unas condiciones de trabajo que respeten los derechos elementales de una persona trabajadora y a que tengan que aceptar aún las condiciones de trabajo más adversas para poder sobrevivir, junto con sus familias, justo en las regiones del país más deprimidas económicamente.
Extranjeros... de la dignidad humana
Los trabajadores inmigrantes e indígenas son extranjeros no ya de su patria, no ya de sus territorios, sino de la dignidad humana misma. El trabajador inmigrante, así como el indígena, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad tales que aún los demás trabajadores podrían sentirse mejor que ellos. En las plantaciones de caña de azúcar –también en las de banano– casi la totalidad de la fuerza de trabajo proviene de otros países; estos trabajadores –casi todos hombres– trabajan durante 28 días seguidos, debiendo ofrecer una disponibilidad absoluta al patrono, el cual puede requerirlos en cualquier momento y lugar, determinando la duración de la jornada, situación que puede prologarse durante semanas o meses; muchas veces, estos trabajadores son empleados sin pago de salario, ya que se les paga con techo y comida, si es que los "baches" o barracas donde duermen pueden considerarse un techo. Por su parte, los indígenas costarricenses o los que provienen de Bocas del Toro (Panamá), que trabajan para las compañías bananeras ubicadas en Sixaola y Talamanca, reciben los peores salarios que se registran en esta actividad, ya de por sí mal pagada, lo que se agrava por la situación general de exclusión que vive esta población. No podemos sino reconocer que los inmigrantes y los indígenas, y dentro de este grupo seguramente las mujeres, son los sectores más vulnerables de todos los grupos laborales vinculados a la agroindustria de exportación, que ha florecido bajo el modelo de apertura comercial.
Síntesis y cierre
La evidencia disponible nos permite saber, con un importante grado de certeza, que la situación de los trabajadores en las actividades de exportación, bajo el modelo de apertura comercial y "libre comercio", son cada vez peores, y este deterioro está directamente relacionado con la lógica misma que asume la reproducción y acumulación de capital en las actividades más dinámicas del sector exportador, que debe recurrir al abaratamiento de la fuerza de trabajo como eje central de su estrategia para maximizar los rendimientos del capital invertido. Aunque esta afirmación no pudiera aplicarse en todos los casos, las excepciones no niegan las tendencias; lo que observamos en cuanto a la violación de los derechos humanos y laborales básicos no nos permite ser optimistas y más bien, asistimos con enorme preocupación a un deterioro sistemático, a una espiral hacia abajo, de estos derechos de las personas trabajadoras.
En las condiciones actuales, recordamos a Marx cuando afirmaba que el salario se reducía al costo de los bienes de primera necesidad, indispensables para mantener vivos a los obreros de forma que pudieran realizar el trabajo requerido. Desde la lógica del capital, señala Marx, "Una sucesión rápida de generaciones raquíticas y de vida corta abastecería el mercado de trabajo exactamente lo mismo que una serie de generaciones vigorosas y de vida larga".3 ¿Hacia esto vamos? Como sea, la tendencia general que se observa en prácticamente todos los casos investigados, nos confirma en la idea de que la violación de los derechos laborales y humanos no es casual, ni un fenómeno aislado. Sin duda alguna, el nivel general de bienestar y desarrollo de la sociedad costarricense, en el largo plazo, se está sacrificando a los intereses y necesidades de acumulación capitalista. El Estado tolera esto ya sea por complicidad o porque no puede responder a la crisis general de la economía, prefiriendo la violación de los derechos a la generalización del desempleo y el potencial estallido de una crisis social. Pero el modelo no es sostenible, y tarde o temprano los excluidos pueden tomarse la palabra.
Notas
* Este artículo fue escrito originalmente para la Revista Actualidad Laboral, de la Asociación de Servicios de Promoción Laboral (ASEPROLA-Costa Rica), como resultado de una investigación más amplia sobre el tema.
1 ASEPROLA realizó, entre 2003 y 2004, un conjunto de investigaciones relativas a las condiciones de trabajo, en actividades productivas vinculadas a la exportación, entre ellas: en las plantaciones de banano, caña y piña; en fábricas textiles y de pelotas de béisbol. Todas estas actividades e industrias aprovechan las ventajas arancelarias concedidas por Estados Unidos para exportar hacia ese mercado, aunque debemos hacer la acotación de que se trata mayoritariamente de empresas norteamericanas exportando hacia su país de origen. Este artículo basa sus contenidos en las investigaciones de ASEPROLA aquí mencionadas, algunas de las cuales pueden encontrarse en el sitio www.aseprola.org
2 Sería interesante rastrear la experiencia sindical de los dirigentes de Sitrapindeco (Sindicato de Trabajadores de la Pinneaple Development Company –Pindeco–), ya que muchos de ellos podrían ser antiguos peones bananeros con antecedentes en la organización obrera. En actividades de cuño más nuevo como las fábricas maquiladoras, la ausencia de sindicatos también puede estar asociada a la inexistencia de personas con experiencia y antecedentes sindicales.
3 Marx, Karl, Salario, precio y ganancia; Editorial Progreso, Moscú, 1979, página 56.