Una política inequitativa: Preferencias distributivas y privatizaciones

"No le veo sentido a tener en el balance del Gobierno Nacional acciones de Ecopetrol o de otras empresas, siendo que tenemos tantas necesidades. Ese es un lujo que uno muchas veces no se puede dar", dijo el ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, frente a la posibilidad de una reforma tributaria que gravaría con impuesto al patrimonio a los 17.200 contribuyentes más ricos del país. Ojalá este ex ministro fuese recordado sólo por sus ya célebres frases como la anotada, o aquella acerca de que “el salario mínimo es un chiste ridículamente alto”, al que habría que reducir. Pero no; estas declaraciones, que en el contexto de la situación colombiana parecerían esas sí un chiste de humor negro, revelan una concepción sobre la distribución del ingreso profundamente inequitativa, la cual este ex funcionario de la administración Uribe aplicó con creces a los colombianos. Los lesivos resultados de sus políticas saltan a la vista; ante la finalización del ciclo de bonanza exterior resultó imposible maquillar el grave deterioro distributivo como la pérdida de estabilidad macroeconómica.

Pese a que el déficit del gobierno para el 2010, según estimaciones oficiales, ascenderá a 4,3 puntos del PIB, para Carrasquilla "las cifras son tranquilizadoras y aterrizadas al tiempo que muestran la voluntad del Gobierno de enfrentar la desaceleración" Pero la realidad es bien distinta. Colombia se encuentra en una situación mucho más vulnerable que América Latina y con menor capacidad de instrumentar políticas anticíclicas, dado que esta economía en la coyuntura de bonanza no sólo presentó el más alto desequilibrio del sector público entre los países grandes y medianos de la región, sino que además, durante dichos años fueron dilapidados los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera y, como si fuera poco, se privatizó valioso patrimonio público.

¿Cómo se llegó a este descalabro fiscal que demanda una reforma tributaria estructural, la cual sin embargo encuentra serios obstáculos debido a otras acciones distributivas del mandato Uribe-Carrasquilla? A las naturales restricciones presupuestales propias de economías en desarrollo se sumó el autismo de unos dirigentes cuya indiferencia frente a los graves problemas nacionales los llevó a privilegiar los intereses de los más poderosos. Sólo ahora este ex ministro se percata de la existencia de “tantas necesidades” en Colombia. Pero según su escala de prioridades las “necesidades” que parecen preocuparle son las de los más ricos, cuyos intereses serían afectados por la reforma tributaria, y por ello su propuesta de más privatizaciones. Quizás si en ejercicio de sus funciones hubiese percibido otras “necesidades”, por ejemplo de los desplazados, o los requerimientos de la salud, la educación, acueductos, etc., se habría abstenido de otorgar tantas gabelas y obsequiosas exenciones tributarias a los más pudientes, mientras a los trabajadores les imponía reformas que suprimían derechos adquiridos.

Las cifras son elocuentes; según Cecilia López dichos incentivos han sumado $18 billones desde su inicio. Si se adiciona el eliminado impuesto a las remesas de utilidades al exterior, (2,2 billones) los beneficios otorgados a los inversionistas extranjeros y a los más ricos y poderosos de Colombia ascienden a más de $20 billones. La eficacia de sus políticas redistributivas fue inequívoca. Durante su mandato Colombia vivió una verdadera reforma estructural en la distribución funcional del ingreso. Según las Cuentas Nacionales, en tan solo cinco años, 2002-2007, los dueños del capital ampliaron su participación en cinco puntos del PIB, en contra de los trabajadores, al pasar del 29% al 34% del PIB.

Supuestas razones “técnicas”, suficientemente desmentidas por la teoría y la realidad, llevaron a semejante descalabro distributivo. Inclusive un estudio del FMI, -faro doctrinal de estos funcionarios-, realizado por Zee, Stotsky y Ley (2002), según Andrew Mold, ha mostrado que “… desde la perspectiva del desarrollo, este tipo de medidas son ineficaces o incluso contraproducentes en el largo plazo”. Los conceptos “técnicos” aducidos para perseverar en dichas políticas son disfraces convenientes a determinados intereses. Como lo ha señalado Joseph Stiglitz, “Los economistas denominan óptimo de Pareto a aquellas políticas en las que nadie puede mejorar sin que alguien empeore…En efecto, si las opciones entre las diversas políticas fueran exclusivamente paretianas, es decir, si nadie empeorase al elegir una política en lugar de otra, serían puramente "técnicas". Pero en realidad existen pocas opciones de política "paretianas". En cambio, algunas políticas son mejores para ciertos grupos, pero peores para otros. Políticas distintas benefician y perjudican a grupos distintos…”. “Decidir qué política debe escogerse implica una elección entre diversos valores, no sólo cuestiones técnicas sobre qué política es "mejor", de acuerdo con un sentido moralmente indiscutible. Estas elecciones entre valores son decisiones políticas y no deben quedar en manos de los tecnócratas”.

Indiscutiblemente en la escala de valores del actual gobierno ilegítimo pesaron mucho más los intereses de los grandes banqueros, de los grandes capitales y de los inversionistas extranjeros que por ejemplo, aquellos de cuatro millones de desplazados por la violencia. Pesó más el “argumento “técnico” de supuestos incentivos a la inversión, por lo demás demostradamente ineficaces, que la situación de gran vulnerabilidad de miles de hombres y de mujeres en riesgo, inclusive de violación, y de sus hijos desnutridos, abandonados por la sociedad, y sin futuro. Tanto prevaleció la moral del más fuerte que la Corte Constitucional, una vez más, ha tenido que amonestar al gobierno por el estado de desatención a la población desplazada, mientras los inversionistas extranjeros giraban al exterior en 2008 cerca de US$ 8.500 millones en utilidades, y los grandes ricos del país recibían gabelas y exenciones por más de $20 billones durante el mandato de la “seguridad democrática”.

Y ahora el ex ministro Carrasquilla propone más privatizaciones. Su gran razón subyacente es el mayor peso asignado a la pérdida que el proyectado impuesto al patrimonio ocasionaría a los 17.000 contribuyentes más ricos del país, frente a la pérdida de ingentes recursos fiscales para Colombia derivados de las empresas pública más productivas y rentables. ¿Asunto “técnico” emanado de simples matemáticas que por lo demás desvirtúan su lesiva propuesta a mediano plazo? O de valores morales, como diría el Nobel Stiglitz.