LOS PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA, UNA PLATAFORMA PARA PRIVATIZAR Y HACER NEGOCIOS

Tarifas más caras para la ciudadanía, enormes ganancias para los monopolios privados, porque la rentabilidad y el lucro están al mando. Multitudinarias marchas de pequeños mineros en Quibdó y Caucasia.

Los Planes Departamentales de Agua les están imponiendo a la brava a los acueductos municipales y veredales agruparse en grandes empresas, por lo que se convierten en plataforma para la privatización y los negocios del capital financiero, denunció el senador Jorge Enrique Robledo en el debate a la viceministra de Ambiente que tuvo lugar hoy en la Comisión Quinta.

Las políticas oficiales del agua apuntan a montarles un lucrativo peaje a cuatro o cinco grupos financieros, usualmente foráneos, con utilidades de monopolio incluso por encima del 30%, precisó Robledo. Es por eso que el gobierno se opone con tanto empeño al referendo del agua, cuyo principal objetivo reside en sacar de en medio al intermediario privado, convirtiendo el servicio en un derecho constitucional y garantizándole un mínimo vital gratuito a cada familia.

Pero ¿cuál es el balance de las privatizaciones en los últimos diez años?, preguntó el senador del Polo Democrático. Las tarifas del acueducto se han incrementado en promedio en 200 por ciento, mientras que el IPC solo lo ha hecho en 92 por ciento. Para los estratos bajos, el alza ha sido mucho mayor, de 300 por ciento. Las cifras anteriores demuestran que las privatizaciones se imponen sobre la base de que los pobres coman menos, se vistan menos y atiendan menos su salud.

Con razón en otras partes del mundo, como Francia y España, la tendencia se ha estado revirtiendo. Robledo citó cómo el municipio de París volvió a reasumir el acueducto y un proceso similar ocurre en Sevilla, España.

La solución es que el Estado asuma su responsabilidad, concluyó el senador Robledo, y le garantice a la ciudadanía agua buena y barata. Pero ello solo será factible si se echa para atrás la actual política privatizadora.

En defensa de la pequeña minería en el Chocó

Robledo denunció que mientras se persigue a la pequeña y mediana minería en el Chocó y el Bajo Cauca antioqueño, declarándola ilegal, el mismo gobierno pisotea la ley para beneficiar a la AngloGold Ashanti y a otras trasnacionales, como en el caso de La Colosa y El Quimbo, en Tolima y Huila, respectivamente. “Se aspira a que Colombia sea un país de propietarios –señaló Robledo–, pero lo que no se dice es de cuántos. Se defiende la confianza inversionista, pero lo que no se dice es la de quiénes”.

El senador del Polo citó la carta enviada por el ministro de Ambiente a Codechocó, en la que el gobierno “no se opone al desarrollo de actividades mineras en la zona del Chocó siempre y cuando estas (…) promuevan una minería no mecanizada” Y preguntó: ¿por qué se le prohíbe a la gente de un departamento tan pobre aprovechar los recursos que le ofrece el ambiente para desarrollarse? ¿Puede haber mayor agresión medioambiental que la de obligar a un pueblo a no utilizar el medio en que vive? En este sentido, Robledo hizo un llamado a cuidar el medio ambiente, pero sin condenar a la miseria a los chocoanos.

Al comentar las movilizaciones de protesta por las calles de Quibdó y Caucasia la semana pasada de millones de pequeños y medianos mineros, el senador llamó al gobierno a no darle un trato de policía a problemas económicos y sociales.