EL REFERENDO DEL AGUA Y BOGOTÁ
Aurelio Suárez Montoya, La Hoja de Bogotá, septiembre de 2008
Más de dos millones de firmas respaldaron una iniciativa popular al Congreso para disponer, acorde con una reforma constitucional, que el acceso al agua potable sea un derecho fundamental, garantizando un mínimo vital gratuito. Esa iniciativa -que debe aprobarse en un Referendo Popular convocado por el Legislativo- pone en entredicho la privatización de este servicio público domiciliario bajo sus distintas modalidades; bien mediante las concesiones para usufructo particular de la infraestructura o bien de la venta de los activos.
Luego de más de diez años de vigencia de la Ley 142 nadie puede negar el fracaso de la eficiencia externa del esquema privatizador. Me refiero al acceso efectivo de la población al agua, debido al alto costo de las tarifas, y a la calidad, ya que 12 millones de personas además de otros 13 que viven en las zonas rurales no cuentan con agua apta para el consumo. Sólo ha habido interés donde hay oportunidades de rentabilidad para los inversionistas privados; lo cual fue, en últimas, el quid de la reforma neoliberal al régimen de servicios públicos. En contraste con millones de deshidratados y enfermos, están los balances de las empresas y de firmas concesionarias con jugosas utilidades.
Bogotá es el ejemplo. El cobro por metro cúbico básico de agua para el estrato tres, el más numeroso, ha tenido un alza exorbitante. En 1995, cuando valía $170, equivalía al 2,8% del ingreso promedio diario por habitante; para 2007, cuando había subido a $1.736, absorbía un porcentaje cercano al 9% de dicho ingreso. El incremento, en valores nominales, es del 1.000% y la consecuencia primera es que uno de cada ocho suscriptores del servicio permanece suspendido.
A hogares y empresas de Bogotá se les factura el agua más cara del país mientras que el costo, a través de contratos de “burro amarado”, de mantener tanto los concesionarios privados de operaciones técnicas y comerciales en las cinco zonas en las cuales se dividió el acueducto capitalino como al consorcio que explota la planta de tratamiento de Tibitoc, es de más de 100 millones de dólares anuales. Y, peor todavía, en tanto la EAAB le coloca al sistema financiero local para “apalancarlo” más de un billón de pesos en depósitos anuales, los usuarios nada derivan de tal ejercicio. Hay razones de sobra para exigir la convocatoria del Referendo del agua y para votarlo afirmativamente.